El Gobierno admite el descontrol en las subvenciones para inmigrantes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 04/08/2021 06:48
  • Actualizado: 04/08/2021 08:24

El Gobierno admite las deficiencias en el control de las subvenciones concedidas a proyectos para inmigrantes, como alertó el Tribunal de Cuentas y reveló OKDIARIO. 

En las alegaciones remitidas al organismo fiscalizador, a las que ha tenido acceso este periódico, la Secretaría de Estado de Migraciones apunta, en numerosas ocasiones, ante los avisos, que «se está trabajando en un cambio de modelo alternativo a la concesión de subvenciones».

También se reconoce que «no se realizaron visitas in situ correspondientes a la convocatoria Convivencia y cohesión social de 2018, ya que no se dispuso en 2019 de personal suficiente para su realización, coincidiendo ese año con una renovación casi completa de la plantilla del área».

Ante la recomendación del Tribunal de Cuentas para «reducir la demora en la comprobación de la documentación justificativa» de las subvenciones, el Ejecutivo indica que «hay que tener en cuenta que la complejidad de los proyectos presentados, así como la coincidencia en el tiempo de varias subvenciones y la carencia de personal».

La Secretaría de Estado de Migraciones añade que «se está trabajando en un cambio de modelo alternativo a la concesión de subvenciones que subsane las deficiencias».

390 millones

El informe revelado por OKDIARIO recoge la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de las ayudas y subvenciones para acciones a favor de los inmigrantes durante el ejercicio de 2018.

El Tribunal de Cuentas analizó diversas convocatorias desarrolladas a lo largo de ese año, algunas bajo el gobierno de Mariano Rajoy y otras ya con Pedro Sánchez en La Moncloa. El importe de las transferencias ascendió a 390.379.020 millones de euros. 

Las deficiencias más destacadas se encuentran precisamente en el retraso en la comprobación de las subvenciones. Así, según destaca el organismo, en el caso de las subvenciones no financiadas con fondos europeos, «en 2020 se encontraban pendientes de revisión más del 93% de las ayudas concedidas en los últimos cinco años, lo que supone que la revisión de la justificación se realizaba al límite de los plazos de prescripción. Para las financiadas exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, los trabajos de revisión planificados para 2021 afectaban a las convocatorias de 2015 y 2016». En enero de 2021, se encontraban pendientes de revisión ayudas concedidas desde 2015 por un importe total de 678.521.859 euros, que correspondían principalmente correspondientes a las líneas de Protección Internacional y de Atención Humanitaria.

El Tribunal de Cuentas detecta también deficiencias en la comprobación de las memorias justificativas, de forma que «la revisión que se hace de estos documentos se limita a la comprobación de su presentación y a que recoge el contenido mínimo exigido». En algunas ocasiones, ni siquiera se realizan comprobaciones de la documentación «porque el personal técnico estaba evaluando las solicitudes de la convocatoria de 2019» o se producen amplios retrasos.

También llama la atención sobre el reintegro de las subvenciones o la imposición de sanciones, que se debe iniciar de oficio por parte de la administración «como consecuencia de la actuación de comprobación».

Según la información recabada hasta enero de 2021, «no se habían iniciado procedimientos de reintegro ni de imposición de sanciones para ninguna de las líneas de subvenciones analizadas de las convocatorias de 2018». «Los últimos informes de reintegro emitidos corresponden a las convocatorias de 2014 y 2015.  Este retraso no sólo puede poner en riesgo el cobro de las posibles cantidades a reintegrar (el mero transcurso del tiempo perjudica las perspectivas de cobro de la deuda), sino que supone un perjuicio para el beneficiario, ya que este será deudor de unos intereses de demora superiores», advierte el informe.