Tres de los CDR terroristas salen de la cárcel de Soto del Real tras pagar 5.000 € de fianza

Tres de los siete terroristas pertenecientes a los Comités de Defensa de la Republica (CDR) encarcelados por terrorismo han quedado este viernes libres tras abonar 5.000 euros de fianza. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado, como pedía la Fiscalía, la puesta en libertad provisional de los tres CDR terroristas tras abonar las fianzas.

Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch y Eduard Garzón, los tres que, según la investigación de la causa, no tuvieron contacto directo con los materiales precursores de explosivos que les fueron incautados al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el grupo al que supuestamente pertenecían.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han firmado los autos de los investigados esta mañana y a mediodía las defensas han consignado las fianzas. Así, la Audiencia Nacional ha dado traslado al juzgado más cercano a la prisión, en Colmenar Viejo, que a su vez ha informado al Centro Penitenciario Madrid V. Sobre las 19.30 horas, la dirección de la cárcel ha firmado la libertad provisional de Buigas, Duch y Garzón y, tras recoger sus cosas, han salido.

En el exterior de la prisión, les esperaban varios familiares y amigos, que cuando les han visto han comenzado a aplaudir. Los tres investigados se han fundido en abrazos con algunos de ellos y se han marchado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Comparecencias semanales

Los tres, como el resto de encarcelados, están imputados por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos, y ahora quedan en libertad provisional con medidas cautelares tales como comparecencias semanales en sede judicial, prohibición de salida de territorio nacional y obligación de proporcionar un teléfono, domicilio y persona de contacto.

Tras la presentación de los recursos de apelación de los tres detenidos, la Fiscalía pidió la confirmación de la medida de prisión, pero añadiendo que no se opondría, si el tribunal lo estimaba, a la imposición de una fianza, que él proponía que fuera de 9.000 euros, dado que no formaban parte del «núcleo productor» de los materiales precursores de explosivos que, según la Guardia Civil, sí integraban otros investigados.

Finalmente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han decidido este mismo viernes que podrían abandonar la prisión abonando 5.000 euros, cantidad que han fijado teniendo en cuenta la «naturaleza del delito», pero también los «recursos económicos y circunstancias personales» de los investigados.

Para adoptar esta medida, el tribunal entiende que de las diligencias practicadas se desprende que «existe un elevadísimo índice de verosimilitud» acerca de la intervención de los imputados en el hecho delictivo que se investiga, pero esto no puede por sí justificar la medida cautelar de prisión pese a la «relevante probabilidad de culpabilidad».

Arraigo familiar y económico

Respecto al riesgo de fuga, la Sala explica en su auto que se pueden adoptar «otras medidas cautelares menos gravosas» dado el «probado arraigo personal, familiar y económico» que presentan los tres, lo cual determina una «aminoración muy significativa» de la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia.

En cuanto a otros riesgos como el de destrucción de evidencias, los magistrados tienen en cuenta que en el momento actual, casi tres meses después de las detenciones, ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas, por lo que no hay posibilidad de que dificulten la investigación.

El tribunal también ha tenido en cuenta el argumento esgrimido por Fiscalía sobre que Garzón y Buigas no participaron en la fabricación y tenencia de explosivos por la que se investiga al resto de los detenidos. Duch se encuentra en esta misma situación, tal y como refleja el informe del Ministerio Público.

Tribunal competente

En todo caso, los magistrados no han estimado en su totalidad los recursos de las defensas. Éstas alegaron que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los delitos imputados a los CDR porque los consideran desórdenes públicos, si bien la Sala descarta este argumento al considerar que los hechos investigados continúan revistiendo los caracteres del delito de pertenencia a organización terrorista (además de fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos).

Según los jueces, no existe la vulneración de derechos fundamentales denunciada por las defensas, ya que la investigación sostiene que los imputados estarían formarían parte del ERT, el grupo dentro de los CDR a los que ellos mismos aludían y a través del cual «pretenderían la comisión de actos violentos y de carácter delictivo, dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo, lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas».

La Sala tiene todavía pendiente de resolver el recurso de apelación de otro imputado en esta causa, Alexis Codina, que sigue en prisión provisional y en cuya vivienda se encontraron parte de esas sustancias objeto de las pesquisas.