Tragsa despide a 85 personas por absentismo pero pagó a Jesica sin ir a trabajar durante medio año

El Grupo Tragsa, que incluye su filial Tragsatec, ha tramitado 179 expedientes disciplinarios por absentismo laboral en los últimos cinco años, que han acabado en 85 despidos y 94 sanciones. Sin embargo, ese mismo conglomerado empresarial estatal no aplicó medida disciplinaria alguna contra Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, quien admitió haber cobrado de Tragsatec sin realizar ninguna función laboral.

El Grupo Tragsa, en una respuesta oficial que desvela OKDIARIO, destapa una incongruencia total en la aplicación de sus propios protocolos disciplinarios. Mientras la empresa ha mostrado una férrea actitud contra el absentismo común, mantuvo en nómina a Jésica Rodríguez desde marzo hasta septiembre de 2021 sin que desarrollara actividad profesional efectiva.

Los datos oficiales revelan tasas de absentismo del 7,1% en Tragsa y del 5% en Tragsatec como promedio de los últimos cinco años. Las cifras más elevadas corresponden a trabajadores con contrato fijo, que alcanzan el 10% en Tragsa frente al 5,5% de los eventuales.

La documentación oficial confirma que Tragsa ha tramitado 132 expedientes disciplinarios relacionados con absentismo, con 58 despidos y 74 sanciones. Y, por su parte, en particular, Tragsatec –la filial donde estaba la «sobrina» de Ábalos–, por su parte, ha gestionado 47 expedientes que han derivado en 27 despidos y 20 sanciones.

El protocolo interno establecido determina que «los responsables de los equipos informan a la Dirección de Recursos Humanos y Organización los hechos para su análisis jurídico laboral». La Subdirección de Relaciones Laborales, explican, estudia cada caso y, cuando la conducta se ajusta a comportamientos recogidos en el régimen disciplinario, se inicia el correspondiente expediente.

Jésica Rodríguez confirmó en febrero ante el Tribunal Supremo que efectivamente estuvo en plantilla de dos empresas públicas pero que no realizaba función alguna.

Además, en audios obtenidos por la UCO, la ex pareja del ministro mostraba su desazón por tener que fichar: «Resulta que la ficha también hay que cambiarla cada día», relataba con evidente fastidio. Le ayudaron personas imputadas en el caso a rellenar esos partes fake de trabajo.

Los investigadores han constatado que Rodríguez fue contratada primero en Ineco desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021, y posteriormente en Tragsatec desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año. Durante este período, según sus propias declaraciones, «no tenía ni puta idea de lo que se hacía allí».

Control de presencia

Por otra parte, el grupo Tragsa explica que cuenta con sistemas de control descritos como «un control de la producción y un seguimiento de la imputación de costes y de la realización de actividad». Sin embargo, estos mecanismos no detectaron la presunta inactividad de Rodríguez durante medio año.

El juez Leopoldo Puente considera que existen «indicios bastantes» para afirmar que durante el período contractual, Jésica Rodríguez «no desplegó actividad laboral alguna». El magistrado ha calificado su contratación como «posiblemente irregular y caprichosa».

En la misma resolución de Tragsa confirma que no se ha trasladado «ningún caso a la Fiscalía y/o Tribunales de Justicia» relacionado con absentismo laboral. Tampoco se han realizado «informes de actividad, memorias o auditorías en relación al absentismo laboral» en los últimos cinco años.

El caso de Jésica Rodríguez contrasta con la severidad mostrada hacia otros empleados. Mientras 85 trabajadores han perdido su empleo por problemas de asistencia, ella mantuvo su posición sin consecuencias aparentes pese a reconocer públicamente su inactividad.

La ex pareja de Ábalos llegó al Supremo escondida bajo una peluca negra y unas gafas oscuras para declarar como testigo el pasado 14 de marzo. Durante su comparecencia, aseguró que fue Joseba García, hermano de Koldo, quien la colocó en ambas compañías, desvinculando al ex ministro de su contratación.

El contraste entre el rigor disciplinario aplicado a 179 empleados y la benevolencia mostrada con un caso tan palmario plantea interrogantes sobre los criterios realmente aplicados en estas empresas públicas. Una dualidad que convierte este caso en un paradigma de las contradicciones del sistema público español.