Torrent dice que «la mayoría republicana no desaparecerá con recursos al Constitucional»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha advertido este viernes al Gobierno central de que «la mayoría republicana no desaparecerá con recursos al Tribunal Constitucional» (TC) en relación a la recusación del Parlament al Rey Felipe VI que el Ejecutivo va a recurrir.

En un apunte en su cuenta de Twitter, Torrent se ha mostrado crítico con la decisión del Gobierno de llevar al TC una propuesta de resolución aprobada en la Cámara catalana el 11 de octubre que «apuesta por la abolición» de la monarquía, desoyendo al Consejo de Estado.

«El Gobierno español debería trabajar para acabar con la represión y apostar por la política, y no continuar abonando una judicialización absurda que nunca servirá para resolver el conflicto de fondo», ha razonado Roger Torrent.

Sin embargo las palabras del presidente del Parlament no parecen haber hecho efecto en el Gobierno. El Consejo de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña contra el Rey y la monarquía, al ver en este texto «un nuevo intento» de iniciar otro proceso unilateral «que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

La impugnación se presentará pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expone que la moción del Parlament no constituye «objeto idóneo para su impugnación», pero el Gobierno no comparte esta argumentación y acudirá al Constitucional.

La resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlamento catalán fue propuesta por En Comú; reivindica los valores republicanos y apuesta por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». También rechaza y condena «el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán», ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

Isabel Celaá ha explicado que el Consejo de Estado «entiende» que la resolución del Parlament constituye un «grave atentado al principio de lealtad institucional», además de una declaración política «que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra», así como una «falta de respeto» al jefe del Estado.

Pero aunque el Consejo de Estado entiende que la resolución tiene una naturaleza «netamente política», pues «no produce efectos jurídicos de ningún tipo», el Gobierno cree que es «inconstitucional» por dos argumentos fundamentales. De un lado, constituye «un nuevo intento» del Parlament de iniciar un «proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana, lo que «contraviene» la Constitución y el Estatut.

Por otro lado, el Gobierno ve inadmisible «desde el punto de vista político y jurídico el intento de abolición de la monarquía y el ataque injustificado» al Rey por parte de una Cámara parlamentaria, que al ser autonómica se extralimita además en sus funciones. De esta manera, el Gobierno interpondrá el recurso «por sentido de Estado».