Torrent desobedecerá al Constitucional para que el Parlament vote de nuevo la autodeterminación

El Parlament de Cataluña volverá en los próximos días al escenario del 6 y 7 de septiembre de 2017 que llevó a la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a la cárcel. Roger Torrent, actual presidente, tiene un mandato del Tribunal Constitucional que le prohíbe llevar a debate en la Cámara cualquier resolución relacionada con la autodeterminación. Pero desobedecerá y lo hará para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo y exigir la libertad de los presos, como ya avanzó este periódico el pasado martes, y permitir la votación de una resolución en la que volverá a censurar la monarquía y a reivindicar el derecho a la autodeterminación.

La propuesta de resolución finalmente cuenta con la firma de los dos partidos que apoyan al Govern, JxCAT y ERC, y la CUP. En el texto, los tres grupos que la promueven aseguran que la sentencia «supone una profunda regresión en materia de derechos y libertades, no solo en Cataluña, si no en todo el Estado». También crítica «la censura del Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlament constituyendo una vulneración inaceptable del derecho a la representación política de los diputados y las diputadas».

Por todo ello, los diputados que firman esta propuesta piden «rechazar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017, exigir la libertad de los presos y las presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión y expresar la indignación ante una sentencia injusta que limita el ejercicio de derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado».

La resolución que aprobará la Cámara catalana también considera «un escándalo democrático la condena a once años y medio de cárcel a la presidenta Carme Forcadell por haber permitido que en el Parlament se pueda hablar de todo». Reiteran «el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, tal como se ha demostrado en las múltiples movilizaciones de la última década».

JxCAT, ERC y la CUP avisan que «el Estado está imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política». Consideran que «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los teas de debate en el Parlament, no cabe otra forma que defender el derecho a la libertad de expresión».

Ahora la mesa del Parlament tiene la última palabra para su debate y votación, aunque fuentes de la presidencia del Parlament dicen que «este texto será admitido» ya que, como también explicó este periódico ayer, ERC está dispuesta a desobedecer.