El Supremo vapulea al Gobierno por «arrojar dudas» sobre la investigación de la UCO al entorno de Sánchez

El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido en defensa de las investigaciones judiciales frente a los que tratan de «arrojar dudas» sobre su labor. Todo ello en medio de las críticas del Gobierno a los magistrados encargados de los casos del entorno de Pedro Sánchez. Esa persecución del Ejecutivo a los jueces alcanzó un nuevo hito cuando hace unos días el PSOE presentó la ley Begoña para amordazar a la judicatura y limitar las acusaciones populares que han llevado a los tribunales numerosos casos de corrupción, como el de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; el del hermano del presidente, David Sánchez, y del máximo representante del Ministerio Público.

El instructor de la causa en la que se investiga al fiscal general por la filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el juez Hurtado, el trabajo de la Benemérita ha puesto sobre la mesa «información de peso» para esclarecer los hechos que rodean al caso.

«Se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios», reza el auto del Supremo, en el que se cita a declarar como imputado a García Ortiz. Es decir, que sus informes ayudan a unir piezas del puzzle para sacar unas primeras conclusiones, aunque todavía no sean definitivas.

El juez Hurtado pone en valor que los informes los hace «un organismo oficial del Estado», en alusión a la UCO, «realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso». «Conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad», apostilla. Además, manda un recado a la Fiscalía, cuyo máximo responsable está investigado en este caso, recordándole que la Guardia Civil «ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas». Es decir, que la Fiscalía «se ha apoyado habitualmente en sus informes» para argumentar otras acusaciones.

«Reconocida solvencia»

«Sobre su cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas», señala el magistrado en el auto en el que cita a declarar a García Ortiz. Además, insta a no «poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales». De ellos dice que tienen una «reconocida solvencia» que «no habría de ser cuestionada gratuitamente».  Sobre todo, según indica el juez Hurtado, porque entre sus deberes están los de «actuar con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico o colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley».

Y, después de defender la veracidad de las pruebas que aporta esta unidad de la Benemérita, el juez pasa a exponer cuáles son las primeras conclusiones que se extraen de sus informes. «De esas diligencias practicadas desde la incoación de las actuaciones en este Tribunal», es decir, desde que el Supremo ha comenzado a encargarse del caso, «se viene a apuntalar la presunta participación de María Pilar Rodríguez Fernández [jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid] y de Álvaro García Ortiz en los hechos delictivos». También imputa a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Los señala a los tres por actuar «de manera coordinada» para «revelar secretos o informaciones reservadas» del novio de Ayuso.