El Supremo exige a Vox 12.000 € de fianza por la querella contra Delgado por no defender a Llarena
El Supremo da 8 días a Vox para abonar los 12.000 € de fianza por la querella al plagiario Sánchez
Sánchez ahora sí apoya a Llarena para evitar el plantón de los jueces a la ministra en el Año Judicial
El Tribunal Supremo exigirá a Vox que deposite una fianza de 12.000 euros para analizar la querella contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por «prevaricación y denegación de auxilio» al juez Pablo Llarena.
Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el documento en el que se solicita la fianza acaba de ser emitido por el Supremo y los servicios jurídicos de Vox se encuentran a la espera de recibir dicha notificación para iniciar la campaña de recaudación de fondos.
Desde el partido político detallan que utilizarán el mecanismo de ‘crowdfunding’ -cooperación colectiva para la financiación de proyectos- para dicha recaudación. El mismo que utilizó para recolectar los otros 12.000 euros exigidos para el ejercicio de la acusación particular en la querella contra la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que ya está siendo estudiada por la Fiscalía. Ahora, será este mismo tribunal quien decidirá admitirla a trámite o no.
Con Llarena
Vox presentó a finales de agosto una querella contra la ministra de Justicia por «negarse a defender al juez Pablo Llarena» tras la demanda interpuesta contra él, ante la justicia belga, por Carles Puigdemont y otros cuatro imputados en la causa del 1-O.
Esta querella afirma que el Gobierno debe asumir la defensa del magistrado a través de los Servicios Jurídicos del Estado, argumentando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio de colaboración que establece que «los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo».
Unas semanas después de negarse a defender al juez Llarena, el Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a rectificar y anunció que había dado los primeros pasos para contratar «un despacho de abogados en Bélgica» que defienda al juez del Tribunal Supremo, tal y como adelantó OKDIARIO.
Lo hizo después de que casi todas las asociaciones de jueces y fiscales (salvo Jueces para la Democracia) denunciaran que Sánchez dejaba desamparado a Llarena ante el ataque lanzado contra él por el Puigdemont desde Bruselas, en un intento de deslegitimar toda la causa abierta contra los golpistas en el Tribunal Supremo, desde un Juzgado de Bélgica que carece de competencia para ello.
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