El Supremo escucha con paciencia el bucle de los testigos: el 1-O fue ‘la fiesta de la democracia’

El 1 de octubre de 2017 llegó y, con él, el desenlace previsible del ‘procés’, hoja de ruta de un separatismo, el catalán, que construyó su relato sobre un pilar tan básico como las emociones a las que apelan quienes, a día de hoy, todavía lo suscriben: el Estado español es el enemigo. Sembrada semejante convicción, que cuajase la existencia de un falso derecho a decidir era, sencillamente, cuestión de tiempo.

«Votar es la esencia de la democracia. A mí me gustaría saber por qué si un referéndum no es delito, aquel lo fue», comenta una de las primeras testigos. La frase lapidaria de un ama de casa hace brotar, en la Sala, el germen de lo que sucedió en una Cataluña abandonada a la idea de votar como derecho inalienable, sin cortapisas. Un derecho enarbolado en abstracto que ignoró, deliberadamente, la responsabilidad correlativa del votante y la obligación institucional de permitirlo, siempre y cuando se cumplan, con estricta observancia, los cauces legalmente previstos.

Los dirigentes políticos catalanes han sido siempre conscientes de que un referéndum de autodeterminación nunca sería autorizado -al menos no mientras la Constitución lo impida- y en esta certeza han basado, históricamente, sus reivindicaciones sobre cesión de competencias y mayor autonomía frente al Estado central. Pero la misma prohibición les sirvió como excusa para desafiarlo, un poco más, celebrando una consulta convertida en herramienta de protesta colectiva.

El 1-O buscó la legitimación, de facto, para una independencia a declarar por mandato de la voluntad popular votando en un censo universal. Fue la reedición agravada de lo que había sido el 9N, en 2014, un plebiscito de lista única hacia la independencia. Si no pasó nada en primera instancia, penalmente hablando, qué podría entonces pasar más tarde. Quienes declaran hoy en el Supremo recurren, inopinadamente, al paralelismo entre ambas fechas para defender su presencia en los colegios electorales. Eran plenamente conscientes de la rebeldía de sus actos pero, también, de que ésta no implicaría consecuencias graves.

«Sabía que el referéndum estaba prohibido pero votar no está prohibido y nosotros queríamos votar», repiten una y otra vez los testigos. 

Fue la segunda tentativa, el 1-O, la que -ante la inacción de un Gobierno central, tardío en la aplicación del artículo 155- obligó al Estado a reaccionar, por la vía de urgencia, convirtiendo al Tribunal Constitucional en barrera de contención para frenar la DUI. El máximo órgano judicial de garantías anuló en otoño de 2017, acelerando su propio tempo, todos aquellos actos legislativos del Parlament y normas del Govern que no se ajustaban a nuestra Carta Magna y quedaban conminados a preparar el camino, previa desconexión final, hacia la república catalana.

Escuchando a los testigos citados por la defensa de los ex consejeros Rull y Turull, el abogado Jordi Pina, se entiende el porqué los catalanes independentistas de a pie creyeron, ciegamente, que el Tribunal Constitucional actuaba cual instancia política – sin repercusión juridica- para impedir que sucediese aquello que los diferentes gobiernos no impidieron en su momento preciso. A preguntas de la Fiscalía sobre si conocían que el referéndum había sido declarado ilegal contestan en afirmativo pero matizan este extremo.

«Yo siempre entendí que era ilegal en el sentido de que el Gobierno español no lo iba a aceptar, por eso tenía que ser espectacular y debíamos votar muchos más para que el resultado fuese incontestable», afirma un carpintero de Gerona. Los poderes públicos «nos animaban a votar pero siempre usaban la coletilla de ‘respetando la legalidad’, nosotros no entendíamos cómo votar era un problema ni cómo para evitar las votaciones se hicieron cargas», abunda. Como él, buena parte de los testigos se han referido al 1-O como «una fiesta» -«la fiesta de la democracia»- marcada en sus horas previas por la «incertidumbre» de si llegarían las urnas, aunque todos estaban «convencidos» de que tarde o temprano aparecerían y podrían votar.

Todos eran conscientes de que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional pero estaban decididos a defender su derecho a decidir, de forma pacífica

Y así fue. Llegaron los testigos madrugadores a sus colegios electorales -si no pernoctaron desde la noche anterior en el interior de los mismos- y se encontraron con los centros abiertos, las urnas [que nadie sabe de dónde salieron o niegan saberlo] y la ilusión, de quienes hacían cola, flotando en el aire. «Había preparado un desayuno enorme y me estuve entreteniendo mientras hablaba con los vecinos», comenta una de las primeras testigos. Asegura que sabía por los medios «que podían acudir los policías a cerrar el centro».

Incide la Abogacía del Estado en por qué siendo consciente de ello decidieron continuar en el interior del mismo y responde sin dudar: «Estábamos allí para defender nuestro derecho a votar». Decididos a que saliera todo adelante y demostrar de forma pacífica «qué era lo que queríamos», apunta Francesc Javier Almirall quien, por aquella fecha, era secretario general del Departamento de Interior de la Generalitat.

«Se quería poder celebrar el referéndum y ello hacía que a los agentes de los Mossos no se les permitiese la entrada», añade. Unos binomios de los Mossos que estuvieron siempre «en la calle» y ajenos a los hechos ante la ingente cantidad de gente concentrada en las puertas de los colegios, aunque parece que hicieron leves intentos. Contrasta su actitud con la actuación indiscriminada que los testigos atribuyen a Guardia Civil y Policía Nacional con los votantes. Fue tal la ‘violencia’ ejercida por ambos que un testigo sugiere que, en el fragor del dispositivo, los efectivos del «cuerpo militar» pudieron resultar lesionados tras «darse entre ellos».