El Supremo cree que García Ortiz pudo entregar a la UCO un móvil que no era el que usaba

El Tribunal Supremo ha puesto el foco en un detalle crucial de la investigación que involucra a Álvaro García Ortiz: la posibilidad de que el dispositivo móvil entregado a la Unidad Central Operativa (UCO) no sea el mismo que utilizaba durante el período investigado. La sospecha surge en un nuevo auto de la Sala de Apelaciones que tumba sus últimos recursos y ante la evidencia de que no había mensajes en el móvil entregado. Además, el jefe del Ministerio Fiscal tiene un segundo móvil que todavía no ha entregado.

En un auto de este miércoles al que ha tenido acceso OKDIARIO, los magistrados expresan su visión en el caso del fiscal general del Estado: «Ante la falta absoluta de mensajes en el móvil intervenido lo que se pretende averiguar es si ese móvil fue el mismo que se entregó al investigado porque cabe la posibilidad de que la administración le entregara una terminal diferente».

La decisión judicial parte de una premisa fundamental: «Si no se hubieran borrado los mensajes en el terminal intervenido es muy factible que muchas de las medidas que después se han acordado para tratar de determinar el origen de las filtraciones no habrían sido necesarias». Los magistrados consideran que el borrado de información ha obligado a desplegar un dispositivo de investigación mucho más complejo de lo inicialmente previsible.

El Supremo ha avalado una serie de diligencias para esclarecer la verdad. Se requiere información detallada sobre todos los dispositivos móviles del investigado, incluyendo «relación de ocasiones que les conste en las que desde el 31 de junio de 2023 Álvaro García Ortiz haya cambiado de dispositivo móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal». La investigación busca reconstruir el historial completo de comunicaciones del investigado.

Los magistrados justifican esta decisión con una argumentación contundente: «Entra dentro de lo razonable suponer que si se utilizaban otros móviles el investigado pudo haberse comunicado con otras personas en el periodo objeto de investigación, en cuyo caso habría que tratar de identificar a los interlocutores y el contenido de las conversaciones».

Por otra parte, el Supremo advierte que «si el Tribunal Supremo tiene la facultad de investigar a un aforado, lo que es precisamente por su rango en nuestra arquitectura constitucional y por la función que desempeña en nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva como consecuencia que el órgano instructor tiene que tener los modos e instrumentos necesarios para hacerlo».

Los magistrados son tajantes al rechazar cualquier límite a su capacidad investigadora: «No nos parece razonable atribuir a un órgano jurisdiccional, también en virtud de su alto rango, la facultad de investigar, y en su caso, sancionar los posibles delitos que puedan cometer los representantes de las altas instituciones, y después concluir, que no pueden utilizar los instrumentos necesarios para su investigación».

Además, apelan a un protocolo de investigación que garantiza la proporcionalidad. «El hecho de que se trate de localizar otros terminales no significa que se acceda a todos los datos. Será el señor instructor, en función del desarrollo de la investigación, el que determine a qué tipo de información haya de accederse». Esta cautela judicial busca proteger los derechos del investigado mientras se desarrolla la investigación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la encargada de ejecutar estas diligencias que afectan al fiscal general, actuando «bajo control judicial y en su condición de Policía Judicial, actuando con sujeción a los principios de legalidad y adecuación al ordenamiento jurídico». La investigación, subrayan, se desarrollará con todas las garantías procesales.

Sobre las quejas de García Ortiz por publicaciones de la prensa, el auto concluye con una declaración reveladora: «El instructor ha ponderado los intereses en juego y los riesgos que esta diligencia de investigación conlleva. No podemos excluir de forma absoluta que puedan existir filtraciones como tampoco sabemos si verdaderamente en la información incautada hay riesgo de grave afectación de la seguridad nacional o el interés público, pero lo que no ofrece duda es que la diligencia acordada era absolutamente necesaria para la investigación en curso y fue proporcionada, por lo que la pretensión de suspensión no puede ser atendida, so pretexto de crear un espacio de impunidad injustificado». García Ortiz, al que se le investiga por filtrar desde el Ministerio Público, ahora le preocupan fugas de información en su procedimiento penal.