El Supremo acusa a Marlaska de un «ejercicio desviado» de su poder para purgar a De los Cobos

El Tribunal Supremo confirma que el ministro Fernando Grande- Marlaska incurrió en fraude de ley para purgar a Diego Pérez De los Cobos. En la sentencia, que ya es firme, la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se «exige no sólo la motivación formal del cese en el puesto o destino de libre designación por razones de idoneidad profesional sino, además, la exigencia de que esa motivación no sea vaga, imprecisa o rituaria, a base de expresiones opacas, estandarizadas». En conclusión, añade el tribunal, «hay un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal y de haberse accedido a la solicitud de información, en contra del mandato judicial, podría haber incurrido en un posible delito».

El tribunal recoge punto por punta la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid y añade que la Unidades Orgánica de Policía Judicial de Comandancia (UOPJ) de la Guardia Civil que investigaba la causa abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, «estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella». Por lo tanto, prosigue, si a las reservas propias de toda instrucción se añade la orden expresa de la magistrada de absoluta reserva, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y pretextar para ello «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».

Así, el Supremo confirma la primera resolución que había dado la razón al mando de la Benemérita, quien recurrió la decisión de su cese. Un relevo que Marlaska justificó en una supuesta pérdida de confianza, pero que en realidad se produjo tras un informe de la Guardia Civil sobre la presunta responsabilidad de la Delegación del Gobierno en la propagación del Covid al no haber prohibido las manifestaciones del 8M del año 2020, cuando el virus comenzó a entrar en España. En el fallo de la Audiencia Nacional, que ahora valida el Supremo, el juez explicó que Pérez de los Cobos recurrió lo que él consideró un cese «ilegal» durante su destino al frente de la referida Comandancia en la que nunca recibió «reproche o reprobación alguno» por parte de sus superiores.

Eso cambió el 24 de mayo del 2020, momento en el que la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, por lo que el ministro del Interior calificó como «falta de confianza», dejando entrever además que se trataba de una decisión que se venía barajando desde hace tiempo.

El primer fallo que exige la restitución de Pérez de los Cobos es demoledor en ese sentido: «No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban».

De hecho, el propio coronel en su escrito de recurso contra su despido ya anunciaba que «los hechos descritos en su demanda ponen de manifiesto que la Resolución de cese es directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva por haberlo así dispuesto la autoridad judicial que la ordenó».

Relevo ilegal

De los Cobos fue purgado de su puesto por negarse a compartir información sobre la causa judicial abierta contra la Delegación del Gobierno de Madrid por permitir las manifestaciones del 8M cuando el Covid ya había irrumpido en España. La entonces jefa de la Benemérita, María Gámez, destituyó a De los Cobos por «no informar del desarrollo de las investigaciones» llevadas a cabo por sus agentes como Policía Judicial en la causa que investigaba la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel. Esta magistrada investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al permitir concentraciones multitudinarias durante el Día de la Mujer pese al riesgo de contagio por coronavirus.

De los Cobos, cumpliendo con la ley, guardó máxima reserva sobre las investigaciones que estaban llevando agentes a su cargo que implicaban a miembros cercanos al Gobierno como José Manuel Franco. Esto provocó una primera llamada durante la tarde del domingo –24 de mayo de 2020– de su superior, el general José Antonio Berrocal, interrogándole sobre el referido atestado de la Policía Judicial. Pero el coronel se negó en rotundo: no iba a facilitar ni un sólo dato. A continuación, recibió la llamada del superior de éste, Fernando Santafé, por el mismo motivo. Siguió firme en su decisión.

Ante la negativa de cometer un delito y facilitar información de una investigación judicial que se encontraba bajo secreto de sumario, la directora de la Benemérita, María Gámez, le comunicó su relevo.

Grande-Maslaka mintió

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentó que la destitución del coronel se debía «a un cambio de equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza». Sin embargo, esta decisión dictaba mucho de aquellas que son premeditadas en el tiempo, ya que cuando De los Cobos fue destituido ni siquiera se había pensado en un sucesor que le relevara en el cargo.

Del mismo modo, el ministro arguyó que este cambio repentino se debía a una «pérdida de confianza», pero no aclaró la razón del cese pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo le obliga a hacerlo.

Estas controvertidas explicaciones cayeron por su propio peso. Una semana después El Confidencial desveló la carta secreta de la destitución: De los Cobos fue purgado por no filtrar información de la investigación a Grande-Marlaska.

El documento, que había sido ocultado, argumentaba que esta decisión se tomó «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Este informe fue remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad y está firmado por María Gámez el mismo día, un domingo por la tarde, que el coronel se negó a informarles de las pesquisas halladas en la causa que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid.