Sumar propone un «perímetro de seguridad» para alejar a las asociaciones antiabortistas de las clínicas

La formación Sumar, fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto al Gobierno, del que forma parte, crear un «perímetro de seguridad» para alejar a las asociaciones provida de las clínicas y asegurar que se llevan a cabo todos los abortos. Así la ha manifestado en una pregunta en el Congreso para respuesta por escrito del Gobierno publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En esa pregunta registrada el pasado 22 de octubre en la cámara baja, Sumar insta al Ejecutivo a tomar medidas contra las asociaciones que tratan de persuadir a las mujeres que quieren abortar para que no lo hagan. Habitualmente, estas entidades suelen ejercer sus actividades cerca de las clínicas que se dedican a ello.

«¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Cómo te podemos ayudar para que no lo hagas? Éstas son algunas preguntas a las que se enfrentan las mujeres a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo por parte de las asociaciones antiaborto», lamenta la pregunta parlamentaria registrada por la formación de Yolanda Díaz.

Desde Sumar recuerdan que la Ley Orgánica 4/2022 penaliza «el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo». Tanto es así que la norma «prevé penas de cárcel para los acosadores que asedian a las mujeres a las puertas de las clínicas».

Y se quejan de que, a pesar de ello, las asociaciones «han ingeniado una nueva manera de moverse en el límite legal». Entre otras acciones, la formación denuncia que acuden a «las puertas de las clínicas con ecógrafos incluidos», también aseguran que alquilan «locales muy cercanos para poder ponerse en sus puertas a repartir folletos e interceptar a las mujeres en la calle de camino a la clínica».

«El método pasa por la intercepción en la calle por parte de voluntarios y luego el traslado al local de ProVida, para después acabar en Red Madre o Fundación Madrina», indica la pregunta parlamentaria de la coalición que creó la vicepresidenta segunda del Gobierno. Según Sumar, estas actividades provocan que «las mujeres se vean asediadas, atravesando una senda tortuosa que señala y culpabiliza».

A ojos del partido magenta, se trata de un problema que se suma, a su vez, a que las comunidades autónomas no ofrecen los médicos suficientes y que las mujeres tienen que acudir a centros privados. De esta forma, critican desde Sumar la libertad de los médicos a figurar como objetores de conciencia para no realizar esta práctica en sus consultas.

Lista negra de objetores de conciencia

De hecho, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya anunció en septiembre la redacción de un protocolo para el registro de personas objetoras al aborto. Se trata de una especie de lista negra en la que aparecen los médicos que no desean llevar a cabo la interrupción del embarazo. Hasta entonces, sólo 5 de las 17 comunidades autónomas habían creado ese listado.

En opinión de Sumar, el aborto «es un derecho» y etiquetan como «acoso sistemático» el ofrecimiento de información o ayuda por parte de estas asociaciones. Algo que, según el partido rosado, no debería ocurrir «bajo ningún concepto».

Basándose en estas afirmaciones, la coalición que ha liderado Yolanda Díaz ha interrogado al Gobierno sobre si considera «que la legislación actual es suficiente para garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

Por otro lado, ha instado al Ejecutivo a «reforzar de alguna manera» las medidas para que no se pueda informar, antes de entrar en la clínica, a las mujeres que quieren abortar. Unas acciones que desde Sumar llaman «nuevos mecanismos de protección para la mujer». En ese sentido, la formación magenta propone «el establecimiento de perímetros de seguridad alrededor de los espacios donde se efectúan estas intervenciones».

La pregunta parlamentaria está firmada por Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados. También está suscrita por otras diputadas como Júlia Boada, Gala Pin, Engracia Rivera, Tesh Sidi, Águeda Micó y Esther Gil.