Solicitan embargar bienes a los jefes de ETA procesados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La asociación Dignidad y Justicia ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que embargue los bienes a las 4 jefes de ETA procesados por la muerte en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. La entidad asegura que los que fueran cabecillas de la banda terrorista no depositaron la fianza de 2 millones de euros que requirió el magistrado y, por tanto, se debe proceder al embargo de los bienes.

Dignidad y Justicia explica en un escrito presentado al juez que «transcurrido el tiempo señalado sin que por parte de los procesados se haya prestado la fianza requerida» reclama que «se proceda al embargo de los bienes de los procesados, requiriéndoles para que señalen los suficientes a cubrir la cantidad señalada».

El juez García Castellón procesó el 25 de abril a los que fueran miembros del Comité Ejecutivo de ETA: José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto, e Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 consideró los ex jefes de la banda terrorista podrían ser responsables de una autoría mediata por dominio de la organización. Por eso, el magistrado instructor decidió procesarles.

Los delitos por los que se les ha procesado son los de secuestro y asesinato terrorista, además con el agravante de alevosía. García Castellón indica que los 4 ex dirigentes de la banda podrían haber evitado el asesinato y no lo hicieron. El magistrado argumenta que eso refleja «una voluntad inequívoca en la producción del resultado».

El auto del juez también imponía el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran tener lugar si finalmente se les condenaba por los delitos por los que están procesados. Se trataba de un total de 2 millones de euros de forma solidaria.

El plazo que imponía el escrito del magistrado ya se ha cumplido sin que se haya consignado el montante exigido. Por tanto, Dignidad y Justicia ha solicitado a García Castellón que libre oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través del Punto Neutro Judicial, para que éste informe sobre las propiedades de las que son titulares los ex jefes de ETA y se averigüe si son contribuyentes.

Banda «fuertemente jerarquizada»

El juez recogía en su resolución que ETA era una banda terrorista «fuertemente jerarquizada» desde que se creó en los años 70. De acuerdo con el magistrado, la organización contaba con una «rígida disciplina» y una disciplina «militar», de forma que las órdenes que salían del Comité Ejecutivo, del que formaban parte los cuatro procesados, llegaban al resto de miembros de la banda y que estaban formadas por los diferentes comandos de la organización. Y esas decisiones se cumplían.

Cada uno de los miembros de la banda «obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la Dirección de ETA, su Comité Ejecutivo», tal y como señala el juez García Castellón.

El magistrado indica en su resolución que los dirigentes de ETA tomaban las decisiones sobre los aspectos estratégicos y más relevantes. Los miembros de la banda que estaban jerárquicamente por debajo de ellos ejecutaban esas órdenes sin realizar ninguna objeción. Habitualmente no se producían ninguna discrepancia, pero en su defecto, se sustituía al miembro de la banda por otro que sí pudiera llevarlo a cabo.