España
Caso Koldo

Los socios de Koldo pidieron 280.000 € por «vulneración del honor» al abogado que les denunció en 2020

Adif pagó por adelantado 6 de los 12 millones al proveedor del ‘caso Koldo’

Ábalos también demandó al abogado Ramiro Grau y el caso está pendiente de resolución

Dos entidades ligadas a la trama de comisiones que implica a Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, reclamaron más de 200.000 euros en concepto de vulneración del honor al abogado Ramiro Grau, que fue el primero en llevar a los tribunales el caso que ahora investiga la Audiencia Nacional. Tal consta en dos sentencias consultadas por OKDIARIO, la empresa Soluciones de Gestión SL y uno de los administradores de esa compañía exigieron sin éxito 50.000 y 150.000 euros respectivamente a ese letrado zaragozano que en 2020 trató que la Justicia llegase al fondo de esos contratos polémicos. Por su parte, el propio ex ministro Ábalos también realizó una demanda por vulneración al honor por 70.000 euros, un recurso que está pendiente de resolución.

El abogado Ramiro Grau, en abril de 2020, publicó varios artículos sobre los contratos millonarios para la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes liderado por Ábalos. Posteriormente, llevó a los tribunales el caso (Tribunal Supremo, Fiscalía de Zaragoza, Fiscalía Europea, Tribunal de Cuentas, etc.), sin que hasta ahora las investigaciones prosperasen.

A ese ciudadano español le provocó «una profunda indignación» que se hiciera negocio en las peores semanas de la pandemia. Entonces los indicios se reducían a que la empresa Soluciones de Gestión SL tenía un objeto social ajeno al sector de la Sanidad y que pasó de tener deudas con Hacienda y facturar cero euros, a embolsarse 53 millones públicos.

Tal como cuenta a OKDIARIO en conversación telefónica, vio con «mucho pesar» la negativa de diferentes instancias judiciales a investigar las presuntas mordidas. Además, para más inri, recibió demandas de dinero por supuestos ataques al honor muy difíciles de afrontar como particular. «Con los millones que ganaron de la Administración pública se dedicaron a ir contra mí en los tribunales. Ese sufrimiento me provocó un ictus del que aún me recupero», expresa.

Las tres demandas se presentaron en 2020 y no ha sido hasta 2023 cuando dos de ellas se han resuelto. Afortunadamente para Grau, en forma de desestimación. Los jueces han tumbado las pretensiones de la empresa principal del caso Koldo y el empresario José Ángel Escorial, administrador de la sociedad en el momento de las controvertidas adjudicaciones.

Los demandantes que se lanzaron contra Grau, a pesar de enriquecerse de forma presuntamente irregular, por decir que las mascarillas eran defectuosas o que, tal como quedó acreditado, tenían conexiones con países de baja fiscalidad y gran opacidad como Malta.

La primera sentencia que recibió con alivio Grau fue del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid. Se celebró una vista para analizar el artículo titulado Chanchullo del dinero público: Ábalos y Jose Ángel Escorial la extraña pareja que publicaron varios digitales.

El citado empresario se sitió ofendido al leer, en el quinto párrafo, en negrita, que le califican como «comisionista». Reprochaba la afirmación: «Con estos mimbres Ábalos compró ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado».

Sin embargo, el fallo judicial recuerda que la empresa pública Salvamento Marítimo –a la que llegaron mascarillas que Soluciones de Gestión SL vendió al Ministerio de Transportes– «comunicó que de las 7.500 mascarillas que se le enviaron, 5.300 presentaban defectos». Esta queja se trasladó desde Adif a Soluciones de Gestión, quien se encargó de reponer las 5.300 mascarillas y retirar las defectuosas. Por tanto, no hay problema legal en decir que el material sanitario tenía deficiencias. Igualmente, se considera un hecho no controvertido que el encargo fue «a un precio importante».

Además, el juez da por bueno que «las adjudicaciones se efectuaron a favor de Soluciones de Gestión SL, empresa sin ninguna dedicación a temas sanitarios hasta ese momento y con un importe de volumen de negocios de 0 euros en 2019, tal y como afirma la propia empresa en sus cuentas anuales».

Sociedad en Malta

A continuación, la sentencia recoge que el empresario acepta que «tuvo propiedad de varias mercantiles en Malta desde 2008 al 2014, cuando dichas sociedades fueron liquidadas».

Por otra parte, citar a Ábalos y al empresario bajo el epígrafe La extraña pareja, es una referencia cinematográfica válida a ojos del juez. «Es el título, en español, de una película de 1968 dirigida por Gene Saks, y también es una expresión que hace referencia a las relaciones llamativas. No se puede considerar que la expresión utilizada lesione el derecho del empresario, ya que se debe reconocer que son llamativos el volumen del negocio, la falta de relación previa de la empresa con la sanidad y la ausencia de negocio en el ejercicio anterior».

«El artículo en cuestión se hizo eco de una noticia de indudable interés público. La finalidad de este órgano judicial no es juzgar si una expresión es afortunada o no, sino solamente si vulnera el derecho al honor», zanja, en coincidencia con el fiscal, el juez Jesús Antonio Broto, que falla en contra de los ahora investigados por la Audiencia Nacional. Condena en costas al empresario demandante.

Segunda sentencia

En segundo lugar, el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza volvió a fallar a favor de Grau en junio. Tumbó la demanda de 50.000 euros al no ver intromisión ilegítima en el derecho al honor. De nuevo reitera los mismos argumentos y la juez Concepción Aznar da la razón al abogado y a la Fiscalía. Condena igualmente en costas a la empresa del caso Koldo por iniciar el procedimiento por honor sin motivo.

La magistrada concluye que prima la libertad de expresión y «no existen, en relación a la empresa demandante, expresiones de abierta descalificación injuriosa e innecesarias, susceptibles de quebrar su prestigio profesional». De hecho, representantes de la empresa respondieron al fiscal en una vista que siguieron trabajando sin ver lesionado su volumen de ventas.