La Audiencia Nacional congeló la operación del ‘caso Koldo’ hasta que cerraron las urnas en Galicia

La Audiencia Nacional mantuvo aletargada la operación del caso Koldo –que está haciendo temblar al PSOE– hasta que se cerraron las urnas en Galicia el pasado domingo y se completó el escrutinio. Eso le evitó al PSOE un descalabro electoral todavía mayor y que Pedro Sánchez viera más comprometido su liderazgo en las filas socialistas. Según ha comprobado OKDIARIO a partir de documentación oficial del juzgado que instruye esta causa de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, las órdenes de intervención las libró el juez instructor el lunes 19 de febrero, a media mañana. Pero la investigación había quedado armada hacía días. De hecho, la instrucción judicial arrancó en 2023. El número de sumario es el 65/2023.

El magistrado Ismael Moreno Chamarro es el titular del juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Es en el que reside este caso de corrupción que tiene como figura clave al socialista Koldo García Izaguirre, durante años ayudante clave en el equipo de José Luis Ábalos cuando éste fue ministro de Transportes.

El juez Moreno lleva la instrucción de esta trama desde el primer momento. Siempre ha estado en su juzgado, en el que este magistrado es un veterano. Las pesquisas dirigidas por Ismael Moreno dejaron lista la operación hace días. Pero las elecciones gallegas estaban a la vista. Y el magistrado optó por no precipitar las órdenes para que el caso no trascendiera en plena carrera electoral. Pedro Sánchez y los suyos habrían sufrido un tsunami en un momento en el que, sin necesidad de escándalo añadido, todas las encuestas auguraban ya muy malos resultados para el PSOE y para Sumar.

Precaución judicial

Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que «es imposible creer que ha sido casual que una investigación que se arrastraba desde hace tanto tiempo se haya activado por casualidad a la mañana siguiente de unas elecciones de la trascendencia que tenían las gallegas». «Lo lógico, evidentemente, es que todo estuviera ya previsto y que el juez instructor optó por que su trabajo no fuera puesto en cuestión por activar la operación en vísperas de las elecciones, en plena pugna por las urnas».

El golpe político hubiera sido tremendo para el PSOE. Entre otras cosas, hubiera impedido que la izquierda y los independentistas descagaran toda su artillería contra el PP de Feijóo en los siete días previos a las elecciones, como ocurrió por los supuestos contactos que los separatistas catalanes dicen que mantuvieron con los populares tras las elecciones generales de julio. Si el caso Koldo se hubiera destapado judicialmente sin mirar el calendario electoral, todo apunta a que el hundimiento que el PSOE ha sufrido en las urnas gallegas habría sido todavía más severo.

Fax a las 12.10 horas del lunes

Según la documentación en poder de OKDIARIO, órdenes como el embargo cautelar de los bienes de los imputados fueron cursadas por el juez Moreno el lunes 19 a las 12.10 horas, a través de un fax. Esas órdenes de embargo formaban parte de la batería de instrucciones dictadas por el magistrado para desatar toda la operación, que incluyeron también las detenciones y registros.

Hasta ese momento, el juez tenía bajo control el secreto de las pesquisas. Pero es evidente que en cuanto se dictan órdenes que pasan a manos de otras instancias, exceden a su perímetro de control. A partir de ahí, el caso se hace público. Y eso es lo que evitó el juzgado de la Audiencia Nacional, que se hiciera público antes de las elecciones.

Es decir, ha quedado prueba documental de que órdenes operativas las cursó el magistrado apenas doce horas después de que se dieran por definitivos los resultados de las elecciones gallegas. A la mañana siguiente de la noche electoral.

El PSOE, beneficiado

¿Hubo una intención del magistrado de no perjudicar al PSOE? Fuentes judiciales que conocen al juez instructor lo descartan. Pero reconocen que, indirectamente, sus precauciones al respecto, ese celo especial para que no se le criticara por el momento en el que trascendía el caso Koldo, acabaron beneficiando los intereses del PSOE de Sánchez, golpeado de lleno por esta trama de corrupción que los investigadores calculan que se lucró con 15 millones de euros de comisiones obtenidas por contratos públicos en los que medió el asesor de Ábalos.

El juez Ismael Moreno es considerado un magistrado escrupuloso, que huye de disputas políticas y de que su trabajo pueda verse ensombrecido por ellas. De ahí, interpretan las mismas fuentes, que optara por dejar pasar las elecciones gallegas: para que no se pudiera argumentar torticeramente que la operación tenía intención de influir en la carrera hacia las urnas. Más aún en un momento en el que los jueces se consideran especialmente en el punto de mira: a vueltas con la amnistía, el PSOE y sus socios –los independentistas a la cabeza– han atacado a la Judicatura, a la que culpan de pretender entorpecer la aplicación de la ley que se está tramitando en el Congreso.

«En un contexto así, lo último que quiere un magistrado es que su trabajo sea atacado con intereses políticos», indican las fuentes consultadas. Ahora bien, ese especial cuidado es también evidente que ha acabado beneficiando al PSOE, que de esta forma ha quedado a salvo de sufrir desgaste electoral directo por una causa de corrupción que no se destapó hasta pasadas las votaciones de Galicia. Algunos creen que, en la práctica, esas presiones contra los jueces a vueltas con la amnistía han surtido efecto en este caso, porque en gran parte ha sido ofensiva la que ha facilitado a los socialistas que no les estallara el caso Koldo en vísperas de las elecciones gallegas. Es decir, en un momento especialmente comprometido para los intereses de partido y del propio Pedro Sánchez.

Órdenes de embargo

Además de las órdenes de detención y registros, el lunes por la mañana el magistrado Ismael Moreno dictó también esos embargos preventivos contra valiosos inmuebles adquiridos por los partícipes de la trama corrupta, supuestamente pagados con los fondos públicos obtenidos de forma delictiva. Los investigadores cifran en 15 millones el monto de las comisiones ilegales, de los que Koldo y su entorno familiar inmediato se habrían quedado con un millón y medio.

Esos embargos preventivos, que están en vigor desde el mismo día en el que lo ordenó el juez, el lunes 19 de febrero, prohíbe que esos inmuebles puedan ser vendidos, dispuestos, enajenados o gravados mediante transmisiones de propiedad u obligaciones con terceros. Es el caso de las propiedades adquiridas en la costa alicantina por Koldo García Izaguirre, por su mujer, la socialista navarra Patricia Úriz y por el hermano del asesor de Ábalos, Joseba García Izaguirre.