Sentencia del fiscal general en el Supremo: así son las magistradas que han presentado un voto particular

En el seno del Tribunal Supremo, lugar donde las decisiones pesan y marcan la historia judicial del país, dos nombres han sido los protagonistas durante las sesiones de condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Ana María Ferrer y Susana Polo son las dos magistradas que han expresado su discrepancia a través de un voto particular que acompañará a la sentencia final. A  pesar de ello, su postura no altera el fallo mayoritario, pero sí que revela una fractura interna en la Sala de lo Penal.

¿Quién es Ana María Ferrer?

Nacida en Madrid en 1959, Ana María Ferrar ingresó en la carrera judicial en los años ochenta, pasando por destinos como Linares, Aranjuez y Leganés antes de consolidar su vida laboral en Madrid. Magistrada de la Audiencia Provincial durante casi dos décadas, Ferrar asumiría la presidencia de este organismo en 2008, antes de dar el salto definitivo al Supremo. Este salto se produjo en 2014, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ocupar una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La trayectoria de Ana María Ferrer se ha forjado a partir de una concepción garantista del derecho penal y una habilidad para expresar opiniones divergentes sin estridencias. Su voto particular en la sentencia contra el Fiscal General mantiene esa coherencia, tomando una decisión independiente de presiones externas y sustentada en su lectura del caso.

Susana Polo, el otro voto en contra

Junto a ella, la segunda firma que respalda el voto particular es la de Susana Polo, una de las voces más reconocidas dentro del Tribunal Supremo. Ingresó en la judicatura en 1985, hace 40 años, y su carrera se ha distinguido por un compromiso firme con la defensa jurídica de las mujeres. Antes de incorporarse al Supremo en 2018, Susana Polo estuvo al frente de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género.

En la causa que afecta al Fiscal General, Susana Polo ha asumido una postura coincidente con la de Ana María Ferrer. Ambas han considerado oportuno adoptar un criterio distinto al de la mayoría y manifestarlo mediante un voto particular fundamentado. Desde el punto de vista judicial, este acto es más que una mera discrepancia: es un instrumento formal y plenamente válido para dejar registrada una interpretación alternativa del asunto. Una lectura que no comparte la conclusión mayoritaria, pero que queda integrada en la resolución como parte del cuerpo doctrinal.