Seguridad Nacional descarta elevar la alerta por desinformación y retrata a Sánchez por su ‘ley mordaza’

Los cinco días de «reflexión» que se tomó Pedro Sánchez para dilucidar si seguiría al frente del Ejecutivo desembocaron en una ley mordaza contra los medios que sacaban a la luz los diferentes casos de corrupción que rodeaban a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Desde ese momento, el líder del Ejecutivo comenzó a agitar las banderas de la «desinformación» y los «bulos», para justificar su autodenominado Plan de Acción por la Democracia. Sin embargo, la comisión de Seguridad Nacional especializada en esta materia descartó en sus tres reuniones del pasado año elevar la alerta y activar el protocolo contra la desinformación, retratando la estrategia de Sánchez para controlar la prensa.

La Comisión Permanente contra la Desinformación es un grupo de trabajo interministerial que se creó en 2019 con el propósito de garantizar la coordinación entre distintos ministerios en materia de desinformación a nivel operativo. Su gestión está a cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional se encarga de su dirección. Su misión principal es hacer frente a la problemática de la desinformación y, para llevarla a cabo, en octubre de 2020 este organismo aprobó el procedimiento de actuación contra la desinformación.

En 2024, este comité contra la desinformación se reunió en tres ocasiones: 8 de marzo, 1 de abril y 28 de mayo, según consta en una respuesta de Transparencia. «Ninguna de las reuniones de la Comisión Permanente antes referidas se corresponde con el tratamiento de los niveles de activación del procedimiento de lucha contra las campañas de desinformación», aseguran desde Presidencia. Así, mientras Seguridad Nacional descartaba la necesidad de iniciar el protocolo contra los bulos, Sánchez diseñaba una estrategia contra la prensa que publicaba los casos de corrupción de su entorno, alegando la amenaza que suponía la desinformación para la democracia.

«Tenemos la necesidad de defender los valores y las instituciones democráticas ante los riesgos y las amenazas sutiles a los que se enfrentan las democracias, como la difusión de noticias falsas y la desinformación», afirmaba Sánchez un día después de presentar en el Congreso de los Diputados su ley mordaza contra la prensa. Los ataques del líder del Ejecutivo contra los medios de comunicación se endurecieron desde su periodo de reflexión, después de que saliesen a la luz las investigaciones que rodeaban a Begoña Gómez.

En septiembre del pasado año, pocos meses después de estas reuniones del comité dependiente de Seguridad Nacional, el Gobierno presentaba lo que bautizó como Plan de Acción por la Democracia, que incluye, entre otras cosas, la creación de un registro de medios, la definición de quiénes son los «verdaderos profesionales» del periodismo, sistemas de control a la propiedad, regulación gubernamental de las rectificaciones o la persecución de informaciones anónimas.

Sánchez emula a Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez emula en su autodenominado Plan de Acción por la Democracia preceptos de la Ley franquista de censura de 1938, creada en tiempos de guerra para controlar a los periódicos de la zona del bando nacional. En 1938, cuando España ya se acercaba al segundo aniversario del inicio de la Guerra Civil y el país seguía dividido en zonas controladas por los dos bandos, Franco encargó a su entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, la elaboración de un decreto para suprimir la prensa republicana. Una prensa que ya había experimentado una grave censura en los últimos años de la República.

Las similitudes son llamativas y evidentes. La norma franquista, que estaría vigente hasta la muy posterior Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966), contemplaba que el Estado podría decidir qué era y qué no un periódico: «Corresponde al Estado la regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas». Ahora, el Gobierno de Sánchez propone la creación de un «registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben».

El control de la propiedad de los medios es otro aspecto en el que ha insistido el Gobierno en su anunciado plan de regeneración. En el franquismo, en base a esa ley de 1938, los propietarios de los periódicos debían identificarse claramente ante el Estado y firmar un compromiso de responsabilidad solidaria en caso de que el director o los redactores se saltasen los preceptos marcados por Serrano Suñer. El Gobierno de Sánchez, por su parte, exige ahora que se informe públicamente sobre el accionariado y los inversionistas de los medios, señalando a cualquier persona que decida financiar un periódico, radio o canal de televisión determinado.