Escrivá evita poner fecha a la conferencia sectorial y prevé que los ayuntamientos empadronen a ilegales
El ministro de Migraciones elude hacer autocrítica sobre los traslados de inmigrantes sin informar a las comunidades
La alcaldesa de Pozuelo pregunta a Escrivá en "qué viviendas se va a empadronar" a los inmigrantes ilegales
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, evitó este martes poner la fecha a la Conferencia sectorial de Inmigración que le exigen de urgencia las comunidades autónomas del PP y avanzó un plan para que los ayuntamientos empadronen a inmigrantes ilegales.
Pese a prolongarse durante cuatro horas la videoconferencia que mantuvo Escrivá con los consejeros regionales del ramo, con la FEMP y con municipios de acogida, el titular de Migraciones rehusó fijar ya una conferencia sectorial y se limitó a adquirir el compromiso de que convocará dicho foro, que es el que está regulado por ley para la debida colaboración entre las distintas administrativas.
Asimismo, durante dicha «reunión informativa», Escrivá eludió hacer autocrítica sobre los traslados de inmigrantes ilegales que el Gobierno está realizando vía vuelos chárter desde Canarias a distintos puntos de la Península sin informar a las comunidades, con competencias de asistencia sanitaria y servicios sociales, de los dispositivos de acogida.
Desde el Ejecutivo de Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, calificó de «insuficientes» las explicaciones de José Luis Escrivá en la reunión telemática con las comunidades. Blanco, que definió a Castilla y León como «tierra de acogida y solidaria» y que mostró su apoyo a la comunidad de Canarias ante la fuerte presión migratoria, recalcó que «el espacio de diálogo para abordar este problema debe ser la convocatoria de la Conferencia sectorial de Inmigración, órgano de cooperación multilateral a través del cual sí se puede llegar a acuerdos y tomar decisiones y en el que pueden participar otros departamentos ministeriales».
La consejera subrayó además que el Gobierno de España «no ha estado a la altura de las circunstancias, de la crisis humanitaria y migratoria que se está produciendo, actuando con deslealtad hacia las comunidades autónomas». En la videoconferencia, Blanco solicitó al ministro Escrivá información sobre los inmigrantes que «van a venir a Castilla y León y no aportó nuevos datos de dónde, cómo o cuándo van a venir».
Por su parte, el Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo social de Extremadura, Abel Bautista, hizo hincapié en la «falta de autocrítica por parte del ministro Escrivá sobre la gestión realizada en el traslado de migrantes procedentes de Canarias». Bautista señaló en la videoconferencia que no se ha informado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, ni a ningún consejero de las materias competentes durante el proceso de acogida, puesto que «nos hemos tenido que informar por la prensa o terceras vías», relató. El consejero, que puso en valor la labor realizada por Cruz Roja y ACCEM sobre el terreno, demandó así Gobierno central «más información, coordinación y colaboración».
También la representación de la Xunta de Galicia «mostró al Gobierno su malestar por la falta de información: poca, a cuentagotas y, tal y como se está evidenciando estas últimas horas, mala e inexacta». «Somos un pueblo solidario y acogedor, así lo demostramos en las últimas crisis y así lo seguiremos demostrando. Lo que no es de recibo es que nos estemos enterando de todos los movimientos a través de la prensa», lamentó.
«Solicitamos conocer el número de personas que van a llegar a Galicia, los lugares y las fechas en las que llegarán, una estimación de su tiempo de estancia y todos los datos de interés que nos permitan prestarles la atención adecuada», añadió la Xunta, según recoge Ep.
Conferencia sectorial «urgente»
En la misma línea se pronunció la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, que criticó la «descoordinación y la falta de información» del Gobierno central sobre el dispositivo para atender la crisis migratoria, apelando una vez más a la convocatoria «urgente» de la Conferencias sectorial de Inmigración.
De igual modo, Aragón, a través de consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno, Carmen Susín, reclamó al ministro la convocatoria de la Conferencia sectorial para coordinar la acogida de los migrantes desplazados desde las Islas Canarias. «Queríamos hablar acerca de las necesidades y circunstancias de los migrantes que están siendo trasladados a Aragón y el Gobierno central no nos ha dado ni respuestas ni certezas», afirmó Susín tras la reunión.
En la nota de prensa que emitió el Ministerio de Migraciones al término de la reunión no aparece ninguna Conferencia sectorial a la vista, pese a que Escrivá adquirió el compromiso de convocarla. Es más, fuentes de su departamento apuntaron que la naturaleza de una Conferencia sectorial es más apropiada «para tratar cuestiones de política migratoria general y no la gestión de las emergencias» existentes en este momento.
Empadronamiento de inmigrantes
Especial preocupación generó en los alcaldes, indican fuentes asistentes, el que Escrivá revelara que «se está trabajando en un sistema que permita notificar» a los ayuntamientos los casos de aquellas personas que decidan «empadronarse». Con ello, señaló el ministro, «podrán saber qué número de personas pueden requerir de los servicios municipales a medio plazo».
Ante esta declaración de intenciones, por ejemplo, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Paloma Tejero (PP), pidió al ministro que explique si pretende así forzar a los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes trasladados a las distintas ciudades españolas. Tejero aseguró además que no se les ha explicado «cómo se va a detectar esa vocación», en «qué viviendas se les va a empadronar», o si se va a dictar algún tipo de orden «que obligue a los Ayuntamientos a realizar estos empadronamientos».
En este contexto, el ministro informó de que habrá 3.000 nuevas plazas de acogida próximamente con la apertura de recursos en emplazamientos militares en desuso en Madrid (1.220), Cartagena (600) y Alcalá de Henares (Madrid) (1.134), además del centro abierto en Mérida hace unos días (800).