España
Crisis del coronavirus

Sánchez gastó 17,8 millones en altos cargos y ‘dedazos’ en el peor mes de paro de la historia

Las nóminas de los altos cargos y ‘dedazos’ del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos supusieron para las arcas públicas un gasto de 17,8 millones en marzo, el peor mes de la historia del paro y cuando 302.265 personas perdieron su trabajo por la crisis pandémica del coronavirus. 

Según el informe mensual de la Intervención General del Estado (IGAE), sólo en ese mes el Estado pagó 11.915.000 a los altos cargos del Ejecutivo (desde ministros a responsables de organismos públicos) y 5.946.000 al personal eventual.

El Gobierno de Pedro Sánchez es, con 22 carteras, uno de los más extensos de la democracia, sólo por detrás del de Adolfo Suárez en 1980. Además bate récords de vicepresidencias, con cuatro. Y ello conlleva todo un despliegue de altos cargos. Un ‘séquito’ en el que destacan los asesores de cada uno de los departamentos ministeriales.

Los socios de Gobierno ya evidenciaron que el estado de alarma no impide una reorganización ministerial aunque ello engorde aún más los puestos de la Administración.

El pasado 28 de abril, con el país sumido en la parálisis, el Consejo de Ministros aprobó varias modificaciones, disparando el número de cargos.

En concreto, se crearon hasta 11 nuevas direcciones generales, una dirección general y otra nueva división. Además, el Gobierno eximió del requisito de ser funcionario a un director general y al responsable de un organismo.

Enchufes

Esta última circunstancia no es menor. El Ejecutivo de Sánchez también lidera el dudoso podium de enchufes de altos cargos, al eximirles del requisito de ser funcionarios.

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997 obliga a que los directores generales sean nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente». Únicamente se contemplan excepciones justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario a una veintena de directores generales, colocando así a sus afines. Entre ellos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  José Félix Tezanos, o varios directores generales integrados en el Ministerio de derechos sociales de Pablo Iglesias.

Algunos de esos nombramientos fueron especialmente controvertidos, como el del responsable de Derechos de los Animales, departamento de nueva creación bajo las órdenes de Podemos y que gestiona Sergio Antonio García Torres, un activo animalista y portavoz de Podemos Animalista a nivel estatal, que criticó que el hombre se «el único mamífero que le roba la leche a otra especie». 

También el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, se saltó esa exigencia con el pretexto de fichar a «personas que aúnen suficiente experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil», como fue el caso de la histórica dirigente del movimiento LGTBI, Boti García, nombrada directora general de Diversidad Sexual.

En la misma situación está la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, activista LGTBI y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que, según publicó este periódico, animaba, en una entrada en su blog, a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad.

Tampoco se consideró el requisito para nombrar a la directora del nstituto de la Juventud (INJUVE). La elegida fue María Teresa Pérez, periodista de 26 años que colaboró con los programas Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka, dirigidos y presentados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

En la última tanda de contrataciones, se ha eliminado el requisito para nombra al nuevo director general de Ordenación del Juego, ex coordinador general de Ezker Batua. Tampoco se exige para el responsable del Instituto para la Transición Justa.