Sánchez sube la apuesta: retirará ya su asalto al Poder Judicial si el PP firma el reparto de vocales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves que «detenía el reloj» de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, y criticada por la Unión Europea por politizar la justicia, para ganarse el apoyo del Partido Popular durante la renovación de los órganos.

Adriana Lastra dejó claro a la prensa que «no era una retirada», sino una congelación de la propuesta de reforma del CGPJ para tratar de negociar con el PP. Pero lo cierto es que la apuesta va a más: Sánchez retirará de inmediato su reforma para nombrar vocales del Poder Judicial por mayoría absoluta si el PP acepta volver a un reparto de los vocales.

La moción de censura tuvo un lance final de gran repercusión para el futuro de la Justicia en España. Antes de finalizar el debate de esa moción, Sánchez pidió la palabra para afirmar que «vamos a detener el reloj de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para llegar a un acuerdo con ustedes». En un mensaje dirigido al principal partido de la oposición, el PP, el líder socialista quiso tener un gesto con Pablo Casado de cara a lograr la renovación -y la politización- de las principales instituciones del Estado.

El empeño de Sánchez era descriptible: intervino por segunda vez a lo largo de todo el debate para solicitar a Casado que apoyase la propuesta del Ejecutivo con el fin de proceder a la renovación de las principales instituciones del Estado. El presidente hizo «un llamamiento a toda la cámara y en especial al partido que está bloqueando esa renovación de los órganos constitucionales», en referencia al PP, al que acusa de tal «bloqueo».

«En cuanto concluya esta votación, aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, sentémonos y renovemos los órganos constitucionales en beneficio de la ciudadanía», reiteró Pedro Sánchez dirigiéndose a la bancada popular. Una vez más el jefe del Ejecutivo subrayó que «esta moción es la menos constructiva que nos podíamos imaginar».
Ahora, el Gobierno deja aún más claro su fuerte deseo de pactar con el PP un reparto de los vocales que comandan el CGPJ -el órgano de gobierno de los jueces y el que decide el ascenso o descenso de los magistrados-.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pese a ello y por Twitter, subrayó ya el pasado jueves las condiciones del Partido Popular para abrir esas negociaciones. El PP seguía exigiendo «excluir a Podemos del proceso» y despolitizar la Justicia. Además, llamó la atención sobre el hecho de que «Sánchez acusa la presión que hemos conseguido en la Unión Europea». E insistió: «Pero debe cumplir estas condiciones».

El Partido Popular a través de su grupo en el parlamento europeo lanzó una campaña en las instituciones de la Unión para denunciar la reforma unilateral y a la carta pretendida por el Gobierno de los órganos judiciales.

Una vía de salida

La moción de censura y la postura del PP, sin embargo, ha sido interpretada por Moncloa como una vía de salida a Pedro Sánchez para dejar el atolladero el que se ha metido el Gobierno con el anuncio de la reforma unilateral de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Se pasaron de frenada», dicen en el PP, «y estaban preocupados». «No esperaban la reacción de Europa», añaden. Fuentes socialistas confirman esta impresión de «preocupación» en sus filas.

La semana pasada, en una reunión de los embajadores de la Unión Europea en Madrid con Pablo Iglesias, varios de ellos cambiaron el guión de la entrevista con el vicepresidente para abordar el asunto y expresar la preocupación en las cancillerías. En varios medios relevantes europeos se ha hablado estos días de la tendencia a la «latinización» del Gobierno español de PSOE y Podemos (en referencia a regímenes como el de Venezuela).

También desde fuentes próximas al equipo económico del Gobierno mostraban esos días la «preocupación» por la «inoportunidad» del debate cuando «en Europa nos miran con lupa para concretar la entrega de las ayudas del Fondo de Reconstrucción». La sensación de España como un país donde la seguridad jurídica puede estar en peligro con una reforma arbitraria de la Justicia «afecta también a la confianza del inversor extranjero».

El Consejo de Europa se ha pronunciado ya contra esa reforma unilateral del CGPJ pretendida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente suyo, Marin Mrcela, ha enviado una carta al Gobierno español en la que traslada que la reforma  «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa».

En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se destaca que «los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción».

Por ello, señala Mrcela, las normas del Consejo de Europa «establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial». El organismo reitera que «ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial».