Sánchez dinamita la ‘revolución tecnológica’ de Madrid: 18.000 empleos en riesgo por falta de energía
Ayuso ha pedido al Gobierno que atienda sus alegaciones sobre su actualización del plan energético
El Gobierno madrileño cifra en casi 60 los proyectos tecnológicos que podrían no materializarse por un déficit energético
16.000 millones de euros en inversiones y 18.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que está poniendo en riesgo el Gobierno de Pedro Sánchez al negarle a Madrid la energía que necesita para que se desarrollen decenas de proyectos tecnológicos en su actualización del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.
Así lo ha denunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que va a presentar alegaciones a dicho plan porque el Ejecutivo ha rechazado las peticiones de incremento de suministro eléctrico madrileño y «realiza un agravio en la asignación de fondos». En ese sentido, desde la Puerta del Sol claman porque Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no se va a beneficiar de las nuevas inversiones derivadas de la actualización del plan, de 276,2 millones de euros, al «recibir únicamente una concesión a coste cero para ampliar la subestación eléctrica de Algete».
El próximo viernes, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se va a reunir con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de la conferencia sectorial en la que se va a abordar este tema. El consejero espera de ese encuentro que les expliquen por qué se están dejando 690 millones de euros sin ejecutar y por qué no se ha incluido en la actualización del plan ninguna de las peticiones que ha hecho el Gobierno de Madrid. Si el Gobierno de Sánchez no atiende las alegaciones, Ayuso ha advertido que acudirá a los tribunales.
En este contexto, la Asociación para la Transición Energética (ATE) ha elaborado un informe que avala las demandas hechas por el Ejecutivo autonómico en materia de redes eléctricas.
En un trabajo coordinado por la secretaria general de la asociación, María Jesús González, con un equipo compuesto por diferentes expertos, entre los cuales se encuentran miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España, ATE pide «reconocer una inversión en redes mucho más ambiciosa, que duplique las cifras actuales, y eliminar el límite legal de las inversiones en redes eléctricas con el objetivo de reforzarla, modernizarla y ampliar sus conexiones».
Además, defiende la «absoluta necesidad» de que «la transición energética sea algo más que un plan, apuntando como imprescindible disponer de una red eléctrica robusta que permita que la electricidad renovable llegue a todos los puntos de consumo que quieran electrificarse».
Informe sobre planes de desarrollo
El informe también recomienda la revisión de planes de desarrollo de red cada dos años y recuerda que el plan vigente (2021-2026) se encuentra en revisión actualmente y es «una oportunidad que no se puede desaprovechar para incluir todas aquellas actuaciones necesarias para dar respuesta a la demanda de energía descarbonizada actual, tanto en la red de transporte, como en la red de distribución».
Estos expertos advierten que «de no dar accesos a las solicitudes de las industrias en el tiempo requerido, estas industrias se perderán para siempre». Por ese motivo, el documento considera que es necesario «adecuar la normativa de planificación actual tanto para la red de transporte como para la de distribución al nuevo paradigma de producción, distribución y demanda de electricidad, ya que cuando no hay claridad o certeza sobre los plazos y costes de conexión, los nuevos proyectos industriales se estancan o se abandonan perdiéndose la oportunidad económica de reindustrializar España».
Por último, concluye que es imperativo revisar el sistema retributivo para las empresas, de manera que se debe establecer un mecanismo claro y transparente que refleje adecuadamente los costos y riesgos asociados a la gestión de las redes de transporte y distribución y que proporcione una rentabilidad justa y competitiva.
Para la Comunidad de Madrid, el mensaje que traslada el Gobierno central al dejar a las infraestructuras de almacenamiento de datos fuera de las prioridades energéticas lanza «un mensaje muy negativo a las empresas del sector, después de que gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle o IBM hayan optado ya por poner en marcha sus regiones cloud en España.»
«En un momento como el actual, en el que la proyección del desarrollo de la Inteligencia Artificial a nivel global es enorme, las empresas de este sector no pueden esperar años hasta la nueva planificación, por lo que el Ministerio está desincentivando el desarrollo de una industria de proximidad altamente tecnológica.
Además, las actualizaciones que se realizan en la planificación tardan unos dos años en aprobarse, lo que es manifiestamente insuficiente para dar respuesta a los proyectos existentes y para las previsiones de futuro en la Comunidad de Madrid», esgrimen desde el Gobierno autonómico.
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