Sánchez bloquea desde hace año y medio las medidas para vigilar el reparto de fondos de la UE

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 26/07/2022 06:45
  • Actualizado: 26/07/2022 08:38

El proyecto de ley sobre los fondos de la UE que Pedro Sánchez presentó en el Congreso de los Diputados a principios del año pasado lleva desde entonces encallado en la tramitación parlamentaria. En este tiempo, PSOE y Podemos han aprobado sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, lo que implica que el proyecto de ley lleve un año paralizado en la Cámara Baja y, en consecuencia, que los grupos no puedan debatir sus propuestas de mejora para el control del dinero procedente de la UE.

El proyecto procede del real decreto aprobado el 28 de enero de 2021 por el Gobierno -gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox- para implementar el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entonces, el Parlamento votó a favor de tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos pudiesen introducir cambios en el reparto de los fondos de la UE. Pero la Mesa del Congreso, donde los socios de la coalición cuentan con mayoría, retrasa desde el 17 de febrero de ese año el trámite de presentación de enmiendas, lo que impide que los partidos puedan debatir sus medidas para fiscalizar dichos fondos de la UE.

Críticas

La gestión del dinero procedente de Bruselas ha sido una de las críticas recurrentes por parte de la oposición. Se ha denunciado desde un reparto interesado de los fondos -privilegiando a regiones gobernadas por el PSOE- hasta un exceso de burocracia que complica que los fondos lleguen a su destino, o la propia inutilidad de algunos proyectos. El Gobierno ha destinado fondos anticrisis para, por ejemplo, digitalizar archivos de Franco, o instalar placas solares y un dispositivo de agua potable en el Palacio de Las Marismillas, la residencia vacacional de Pedro Sánchez en Doñana.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado en reiteradas ocasiones de la lenta y baja ejecución de estas ayudas por parte del Gobierno español, así como de su opacidad. De hecho, en la propuesta fiscal que el jefe de la oposición remitió a Pedro Sánchez tras su encuentro en La Moncloa -en abril-, Feijóo propone un rediseño de la gestión de los fondos «para hacerlos más útiles».

«El sistema de despliegue del Plan de Recuperación y Resiliencia implantado unilateralmente por el Gobierno de España no está funcionando y ha impedido ya que el mecanismo funcionara como política de estímulo para impulsar una recuperación rápida», destacan los populares en el documento En defensa de las familias y la economía de España. En el informe, subrayan que «los complejos procedimientos administrativos de licitación de contratos y convocatorias de subvenciones están provocando una lenta traslación al tejido productivo de los fondos europeos y una inejecución inaceptable pasados dos años del inicio de la crisis del Covid vista la situación por la que atraviesan hogares y empresas».

Así, el PP plantea utilizar «al menos un 7% del importe de los fondos, unos 4.900 millones» al paquete fiscal. Propone un «nuevo incentivo fiscal extraordinario y temporal financiable para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aplicable a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyen a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis».

Además, entre otras iniciativas, los populares han exigido en el Congreso el desglose de los datos de ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos de la UE, así como su impacto en términos de crecimiento y creación de empleo.

Atendiendo a los datos de ejecución presupuestaria hasta el 30 de abril, se han reconocido obligaciones netas por 2.468 millones, apenas un 8,8% de todos los créditos definitivos, y realizado pagos por 1.587 millones, un 5,6% de lo presupuestado para 2022, mayoritariamente a organismos públicos y comunidades autónomas.