Sánchez gasta 116.501 € de los fondos anticrisis de la UE para digitalizar archivos de Franco

Con la inflación en récord, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de cargar a los fondos de recuperación de la Unión Europea un contrato de 116.501 euros para la digitalización de archivos del franquismo.

En concreto, se trata de un contrato para la digitalización de los expedientes del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, del Centro Documental de la Memoria Histórica. En la memoria justificativa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo recuerda que el Plan de Recuperación contempla la «digitalización de archivos estatales» y estima que, de esta forma, se da también cumplimiento a la ley de «memoria histórica» cuyo objetivo, se destaca, es el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Así, pues, el Gobierno destinará los fondos europeos, cuya naturaleza es ayudar a los países a afrontar el enorme impacto social y económico de la pandemia del Covid-19, a digitalizar el fondo documental del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, compuesto por 8.414 expedientes, con 325.000 páginas, aproximadamente. Estos documentos procedían originariamente del Palacio Real de El Pardo, residencia oficial de Franco.

Este tribunal, recuerda ahora el Gobierno socialcomunista, tenía su origen en una ley de 9 de febrero de 1939, que declaraba la «responsabilidad política» de aquellos que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional «con actos concretos o con pasividad grave». El Tribunal Regional de Madrid tenía entre sus funciones ordenar a los jueces instructores provinciales la formación de expedientes «en virtud de denuncias de particulares o de comunicaciones de cualquier autoridad civil o militar», o disponer su archivo.

En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, en septiembre del año pasado, el Gobierno ya reconoció que tenía previsto realizar una inversión de 927.380 euros entre los años 2021 y 2023 para la digitalización de las fichas y expedientes de víctimas de la dictadura. Parte de ellos, se financiarían a cargo de los fondos europeos, aunque sin revelar cuáles. El Ejecutivo recordaba entonces que esos documentos, custodiados en diferentes archivos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura y Deporte, son bienes del Patrimonio Documental y, por lo tanto, integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Ley

Este contrato se produce, precisamente, cuando el Gobierno se encuentra impulsando la llamada ley de «memoria democrática» que Pedro Sánchez podrá aprobar a mediados de julio gracias al apoyo de Bildu.

Para votar a favor, la formación proetarra ha arrancado varios compromisos al Ejecutivo, como la creación de una «comisión» que se encargará de realizar un estudio sobre los supuestos casos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Se tratará, según Bildu, de una comisión técnica formada por profesionales independientes cuya designación aún no ha trascendido,  y que se encargará de elaborar un estudio para el «reconocimiento y reparación a ese colectivo». Bildu se ha jactado de que el Gobierno acepte extender el periodo de aplicación de la ley hasta finales de 1983, es decir, ya bajo el mandato de Felipe González.

Como ya avanzó OKDIARIO, Sánchez también quiere reanudar de manera inmediata los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos, después de que la Justicia haya levantado la suspensión de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional.