Ribera tuvo a los 21 días de ser ministra la primera reclamación del barranco del Poyo y no hizo nada

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 17/11/2024 06:45
  • Actualizado: 17/11/2024 06:45

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la socialista Teresa Ribera, ahora candidata a comisaria europea, recibió la primera reclamación para «adecuar» el barranco del Poyo, cuyo desborde resultó clave en la magnitud de la tragedia de Valencia, a los 21 días de tomar posesión como integrante del Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018.

En concreto, fue Carles Mulet, entonces senador de Compromís, quien registró el 15 de junio de 2018 una pregunta escrita al «nuevo Gobierno» (tras la moción de censura a Mariano Rajoy) en la que decía al Ministerio de Ribera que «urge actuar» en Torrent, Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, localidades todas ellas devastadas por la DANA del pasado 29 de octubre, para la «mejora y adecuación» de los márgenes del barranco del Poyo. Esta pregunta fue calificada por la Mesa del Senado y remitida al Gobierno con fecha del 28 de junio de 2018, es decir, apenas 21 días después de la toma de posesión de Teresa Ribera, que había tenido lugar el 7 de junio de aquel año.

Junto a ello, Mulet pidió la «creación de la partida presupuestaria» y preguntó al Ejecutivo las «medidas» que pensaba «adoptar al respecto». Sin embargo, esta pregunta escrita, que luego pidió convertir en oral en Comisión, quedó sin respuesta del Ministerio de Ribera, ya que poco después, en febrero de 2019, Sánchez no reunió apoyos para sacar adelante los Presupuestos, disolvió las Cortes y convocó elecciones.

A partir de esta pregunta que no fue contestada y que data de junio de 2018, Compromís luego formuló a finales de 2020 una enmienda en este sentido para ser incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, pidiendo introducir en esas cuentas, en su tramitación en el Senado, una partida de cerca de 7 millones de euros para «mejorar y adecuar» el barranco del Poyo. Pero esta enmienda fue tumbada por el PSOE y sus socios.

De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez nunca atendió esta petición y se limitó a licitar por 184.156 euros en 2021 un estudio para el llamado proyecto Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Sin embargo, esta actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que contemplaba obras para un mejor drenaje de esta rambla (con un importe de ejecución de 35 millones de euros), quedó paralizada por incompatibilidad con la ley de protección de la huerta en la Comunidad Valenciana, aprobada en 2018 por el Gobierno socialista de Ximo Puig, según fuentes del Ministerio de Teresa Ribera recogidas por Efe.

Asimismo, en la paralización también influyó que el departamento de Ribera revisó el proyecto bajo un análisis coste-beneficio, concluyendo que la obra no era viable económicamente para los resultados que se perseguían. Desde 2009 la CHJ manejaba un plan, con presupuesto previsto de 221 millones de euros, para la creación de cinco vías verdes que conectasen los barrancos de Pozalet, Poyo y Gallego a lo largo de sus cauces naturales para aumentar así su capacidad hidráulica en caso de fuertes avenidas de aguas.

«Coste-beneficio»

Precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentó el pasado miércoles que el Gobierno de Sánchez haya desdeñado obras en torno al barranco del Poyo «al no responder al criterio coste-beneficio pese a contar con un fondo extraordinario de 160.000 millones de fondos europeos». Ante ello, el jefe de la oposición instó al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas para la puesta en marcha de un plan en materia de infraestructuras hídricas, al tiempo que remarcó la obligación de revisar las presas y la necesidad de elaborar un listado de obras de emergencia en este ámbito.

Ha sido ahora, tras la catástrofe del pasado 29 de octubre, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Teresa Ribera, ha licitado un contrato para la reparación de los daños causados por la DANA en el barranco del Poyo y sus inmediaciones por valor de 31,1 millones de euros, casi los 35 millones que costaba la citada obra de la conexión verde y que habría mitigado los dramáticos efectos de la peor DANA del siglo en Valencia.

Concretamente, como ha informado OKDIARIO, la Confederación del Júcar ha licitado hace unos días las obras «para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024», a través de un contrato que se divide en dos lotes. El primero de ellos, de 19,2 millones, tiene como objetivo la restitución del servicio interrumpido por el colapso de los acueductos de la Horteta y el Poyo, mediante la instalación de un bombeo provisional, «asegurando posteriormente el servicio por gravedad mediante la ejecución de un by-pass que discurra paralelo a los acueductos anteriormente citados». Además, también se llevará a cabo un servicio de aseguramiento en el cruce del río Magro.

El segundo lote está dirigido a efectuar las «obras de reposición de los acueductos de la Horteta y el Poyo, que precisan de la ejecución de diversas actuaciones», y que tendrán un coste de 10,9 millones, según consta en los pliegos de la licitación.