Ribera se jactó de no limpiar el Poyo por ser «incompatible con la protección de la naturaleza»

Corría el año 2020. El Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, esgrimía en una respuesta parlamentaria el motivo por el cual no se procedía a la limpieza del barranco de Poyo, una de las zonas más afectadas por las inundaciones de la DANA que ha dejado más de 200 muertos en Valencia. «Las obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural son manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza recogidos en la normativa vigente», justificaba Ribera para no actuar en ese enclave.

El 3 de febrero de 2020, Vox registraba una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la limpieza de esta rambla. «¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha procedido a la limpieza del barranco del Poyo a su paso por la localidad valenciana de Catarroja?», rezaba la pregunta. La limpieza de este tramo del cauce fluvial tiene un gran sentido, ya que en los últimos 250 años, hay registradas más de 100 inundaciones en el barranco del Poyo -un promedio de 2,5 avenidas por año- lo que explica que esta zona sea una área de Alto Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSI). Sin embargo, y pese a estos datos que mostraban el riesgo para las vidas humanas del desbordamiento de esta rambla, Teresa Ribera priorizó la vegetación.

«Se recuerda que la presencia de vegetación y sedimentos en los cauces y sus márgenes es un fenómeno natural que forma parte de la dinámica fluvial y que crea condiciones fundamentales para el desarrollo de los ecosistemas acuáticos, la laminación de avenidas, el sostenimiento de las márgenes y la mejora de la calidad de las aguas (…) La atribución de los organismos de cuenca es tutelar y proteger los valores ambientales de los cauces para alcanzar los objetivos medioambientales fijados en los planes hidrológicos de cuenca», esgrimió el Ministerio de Transición Ecológica en respuesta a la pregunta de la formación de Santiago Abascal. Así, Teresa Ribera desestimaba realizar obras de dragado y limpieza en el barranco del Poyo porque eran «manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza recogidos en la normativa vigente».

Un año más tarde, en septiembre de 2021, el jefe de servicio de la Confederación del Júcar, Francisco Roselló, manifestó los peligros del barranco del Poyo. «68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000. ¡Recurrente!», incidía en una presentación organizada por el Ministerio de Transición Ecológica para presentar todos los «planes de gestión del riesgo de inundación» de todas las confederaciones hidrográficas.

En ese mismo acto, Roselló describió las actuaciones necesarias para adecuar la zona, y posteriormente señaló la «paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales». Es decir, la Confederación «no contaba» con los 35 millones para hacer realidad la obra y también aseguraba que había problemas «ambientales», que no eran otros que la Ley de Huertas que el gobierno socialista de Ximo Puig puso en marcha en 2017, y que añadía más complicaciones administrativas al proyecto.

Reparación tras la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha licitado un contrato para la reparación de los daños causados por la DANA en el barranco del Poyo y sus inmediaciones por valor de 31 millones de euros. Una cuantía que supone el 90% del coste del proyecto Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia, una obra de adecuación y drenaje de la zona que hubiese evitado la tragedia que se ha cobrado la vida de más de 200 personas y que la propia Ribera paralizó en 2021 por «falta de disponibilidad presupuestaria».

Concretamente, la Confederación ha licitado las obras «para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024», a través de un contrato que se divide en dos lotes. El primero, de 19,2 millones, servirá para la restitución del servicio interrumpido por el colapso de los acueductos de la Horteta y el Poyo, mediante la instalación de un bombeo provisional, asegurando posteriormente el servicio por gravedad mediante la ejecución de un by-pass que discurra paralelo a los acueductos anteriormente citados. Además, también se llevará a cabo un servicio de aseguramiento en el cruce del río Magro mediante la reparación y estabilización del acueducto y by-pass de ese río, que sufrieron importantes desperfectos.

El segundo lote está orientado a asegurar el servicio a largo plazo en los cruces de los barrancos de la Horteta y el Poyo. Para ello, el organismo dependiente de Ribera plantea la ejecución de las «obras de reposición de los acueductos de la Horteta y el Poyo, que precisan de la ejecución de diversas actuaciones», y que tendrán un coste de 10,9 millones, según consta en los pliegos de la licitación. Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar, desembolsará un total de 31,1 millones de euros en las obras de reparación por la DANA, el 90% del coste del proyecto adecuación de esta zona, que hubiese limitado la tragedia vivida el pasado 29 de octubre.