Quién es quién en las cloacas del PSOE: de la ‘fontanera’ al nº 3 del partido socialista
El juez les investiga por un total de nueve delitos, con penas de tres a cinco años de cárcel
Pedraz investiga a la cúpula socialista por una red de favores y facturas falsas para frenar a la UCO y tapar la corrupción
La cloaca de Ferraz se jactaba de que Sánchez usaba su información: "Mira el jefe cómo cita lo de los audios"
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, señala que el PSOE desarrolló presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.
Según el auto judicial, el origen de esta trama se sitúa en abril de 2024 sobre el «periodo de reflexión» de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, momento en el que Moncloa y Ferraz habrían reaccionado articulando, con la intermediación de la «fontanera» Leire Díez, una campaña sistemática diseñada para atacar y desacreditar a políticos, empresarios, policías, fiscales y periodistas molestos para el Gobierno.
El juez les investiga por un total de nueve delitos, con penas de tres a cinco años de cárcel. El último delito es de los más graves que hay en el Código Penal:
- Organización criminal
- Cohecho
- Revelación de secretos
- Falsedad documental
- Inducción al falso testimonio
- Acusación falsa
- Prevaricación
- Tráfico de influencias
- Delito contra las instituciones del Estado
A continuación, desglosamos los nombres clave de esta trama, donde el juez, por el momento, ha imputado a ocho personas:
La cúpula y los ‘fontaneros’ principales
Santos Cerdán
Ex secretario de organización (2021-2025) y número 3 de Pedro Sánchez. Imputado presuntamente por encargarle a Leire Díez que parase las investigaciones contra el PSOE. Según el juez, puso a disposición de la trama «criminal» la propia estructura administrativa, logística y financiera del partido para costear las actividades investigadas, incluyendo reuniones en la sede de Ferraz. El instructor sostiene que habría pactado una remuneración mensual de 4000 euros de los fondos del partido a Leire Díez, fontanera del PSOE, por realizar esas tareas.
Leire Díez
Ex militante y la «fontanera» del PSOE, epicentro de la trama por presuntamente entorpecer las investigaciones. Se encargó de componer una red de abogados afines para controlar las causas judiciales sensibles (como el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos). Su modus operandi consistía en reunirse con empresarios investigados para ofrecerles pactos, abogados gratuitos o indultos a cambio de obtener «basura» o información confidencial contra los agentes de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas. A su vez, Leire Díez ofreció al menos 300.000 euros a un fiscal anticorrupción y 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano (quien aseguró llevar bolsas con dinero en efectivo a Ferraz) para que cambiara su declaración judicial.
Javier Pérez Dolset
Empresario y uno de los dos principales «fontaneros» de la organización. Encargado de las gestiones directas y de las operaciones de descrédito. Las investigaciones determinaron que fue el autor informático de las decenas de grabaciones que aportó a Ferraz junto con documentos del comisario José Manuel Villarejo. Le proporcionó a Leire Díez todos los audios grabados para que encontrara información con el objetivo de atacar a políticos, empresarios, policías, fiscales y periodistas.
Juan Sánchez Yepes
Capitán y ex mando de la Unidad Central Operativa (UCO), supuestamente facilitó datos sobre mandos concretos de la UCO que estaban investigando los casos sensibles para el PSOE. Integrado en la red de contactos e influencias que pivotaba alrededor de las tramas que el partido intentaba controlar. Su figura se enmarca en el intrincado ecosistema de operadores y enlaces empresariales o legales que orbitaban en las causas de interés para la cúpula.
La red de financiación y la cobertura jurídica
Para sostener este operativo, las investigaciones apuntan a que se utilizaron agencias externas y despachos de abogados para desviar fondos del PSOE rompiendo la trazabilidad del dinero mediante facturas falsas.
Gaspar Zarrías
Ex vicepresidente de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Manuel Chaves (1990-2009) y secretario de Estado con Zapatero (2009 y 2011). Su carrera política acabó por su implicación en el caso ERE. En la trama actual, su agencia Zaño Sociedad Consultora SL sirvió presuntamente para financiar a Leire Díez, a quien llegó a abonar 16.000 euros. Según los mensajes interceptados, el «cliente en última instancia» de estos pagos era Santos Cerdán. Zarrías, que conoció a Díez y al empresario Pérez Dolset en 2021, ya admitió este pago ante el juez, justificando que el dinero buscaba probar supuestos vínculos entre el ex comisario Villarejo y los ERE, una de las mayores causas de corrupción de la historia con casi 680 millones de euros.
Ana María Fuentes
Actual gestora del Partido Socialista Obrero Español, imputada por hacer presuntamente facturas falsas para encubrir esos pagos a Leire Díez. Su papel fue clave a nivel administrativo, ya que su firma era la que aparecía en última instancia en las «notas de encargo» falsificadas. Estos documentos sirvieron para justificar contablemente la salida del dinero desde Ferraz hacia los despachos de abogados implicados.
Jacobo Teijelo
Abogado del entorno del PSOE, imputado por intentar anular presuntamente las causas que afectaban al PSOE y a La Moncloa a través de la nulidad procesal y cobrar por ello a través de facturas falsas. El auto judicial subraya su papel clave en la estrategia jurídica de la red, revelando que recibió pagos por valor de 100.000 euros «provenientes del PSOE». Su plan principal pasaba por buscar grietas legales en un procedimiento de fraude de hidrocarburos (causa en la que ejercía como abogado del capitán de la Guardia Civil acusado, Juan Sánchez Yepes) para lograr nulidades procesales. Tal y como le confesó al empresario Javier Pérez Dolset, estas anulaciones representarían una gran oportunidad para el Gobierno, ya que su intención era utilizarlas como salvoconducto y trasladarlas en cascada para intentar tumbar también las investigaciones del caso Koldo.
Ismael Oliver
Abogado de varios implicados en la causa, conocido por ser el abogado de Koldo García y defender al narco chavista Pollo Carvajal. Está imputado por dar presunta cobertura jurídica a la trama y actuar como una pieza clave en su ingeniería financiera. Sirvió como puente para ocultar fondos donde el PSOE abonó 27.225 euros a su bufete (Estudio Jurídico I. Oliver & Partners) y, para borrar el rastro del dinero, este transfirió la misma cantidad exacta a Leire Díez utilizando una segunda sociedad pantalla de su propiedad (Oliver Gruppe SL).
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