Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 50 días: exhumación de Franco 44 años después

Pedro Sánchez convirtió la exhumación de Francisco Franco en uno de los acontecimientos políticos más destacados de octubre de 2019, cuando apenas faltaban 17 días para las elecciones generales del 10 de noviembre. El 24 de octubre, los restos del dictador abandonaron el Valle de los Caídos después de casi 44 años, en una operación organizada por el Gobierno que incluyó helicópteros militares, un dispositivo de seguridad y cobertura televisiva.

La decisión se había convertido en una de las principales iniciativas del Ejecutivo socialista desde su llegada a La Moncloa en 2018. Sin embargo, la fecha de ejecución situó la exhumación en plena precampaña electoral, lo que provocó acusaciones de electoralismo incluso desde otras formaciones de izquierda.

El Gobierno defendió el traslado como una obligación democrática y un compromiso con las víctimas del franquismo. Para ejecutarlo, modificó la Ley de Memoria Histórica y mantuvo un enfrentamiento judicial con la familia del dictador, que pretendía enterrarlo en la catedral de La Almudena. Finalmente, el Tribunal Supremo avaló por unanimidad la decisión del Ejecutivo.

El despliegue tuvo también un coste para las arcas públicas. La Moncloa presupuestó inicialmente un máximo de 63.061 euros, pero posteriormente trascendieron nuevos gastos vinculados a la cobertura informativa. En 2021, OKDIARIO publicó que el Gobierno había reconocido otros 8.320 euros destinados a autobuses, carpas, tarimas y catering.

Además, el Ejecutivo rechazó desglosar el coste del helicóptero Super Puma utilizado para trasladar el féretro al cementerio de Mingorrubio. Defensa argumentó que esos vuelos se sufragaban con cargo al presupuesto ordinario y que no podían separarse de los gastos generales de las Fuerzas Armadas.

La controversia no terminó con el entierro. Cuatro días después de la exhumación, OKDIARIO reveló que el PSOE había encargado a sus analistas estudiar el impacto electoral del traslado, pese a que los socialistas habían rechazado públicamente que la operación persiguiera obtener votos.

Según publicó entonces este periódico, fuentes socialistas vinculaban la exhumación con una posible movilización del electorado de izquierdas. Aquella información alimentó las críticas de quienes consideraban que el Gobierno había utilizado un acontecimiento histórico para reforzar su posición ante las urnas.

La exhumación, respaldada judicialmente, quedó así rodeada de una controversia política que iba más allá de la retirada de los restos del dictador: la utilización de medios públicos, la falta de un desglose completo de determinados gastos y el interés electoral que los propios socialistas habrían estudiado atribuir a la operación.