El PSOE quiere suavizar los requisitos para cambiar la Constitución tras el decretazo contra el Senado

El ‘decretazo’ del Gobierno socialista contra el Senado para inhabilitar a la Cámara Baja (donde el PP tiene mayoría absoluta) en la decisión del techo de gasto, como exigía Podemos, es sólo el primer paso de una estrategia de mayor alcance para el orden constitucional ratificado de forma abrumadora por los españoles en 1978. El PSOE está decidido a abrir un debate hasta hoy inédito: el de modificar el procedimiento para la reforma constitucional “con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual”.

La reforma de la Constitución es uno de los reclamos electorales del PSOE. La presenta endulzada con el reclamo del blindaje de nuevos derechos sociales. Sin embargo, tiene como objetivo estrella transformar España en un Estado federal. Una aspiración inviable mientras el PP se mantenga con alrededor de 125 escaños en el Congreso y mantenga una amplia representación en el Senado, donde ahora controla 130 de los 208 escaños.

La iniciativa socialista para suavizar el procedimiento para la reforma constitucional está incluida su propuesta para la reforma de la Constitución. Concretamente, en el último punto de los que el PSOE propone para regenerar la calidad democrática. Está formulada textualmente así: “Reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitución con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual”.

Lo que el PSOE define como “gran rigidez” no es otra cosa que las mayorías reforzadas que los Padres de la Constitución diseñaron para que cambios tan importantes como el del modelo de Estado que pretende el PSOE deban realizarse con el mayor de los consensos políticos.

De ahí que la España federal que proponen los socialistas sólo sería posible si:
1. Logra el apoyo de los dos tercios del Congreso y del Senado
2. Las nuevas Cortes surgidas de unas elecciones vuelven a respaldarla con la mayoría de dos tercios.
3. Es ratificada en un referéndum popular.

El Senado se ha convertido, pues, en el gran obstáculo para las pretensiones de la izquierda española. En la actualidad, el PSOE y sus socios de Podemos están lejos de alcanzar siquiera un tercio de la representación de la Cámara. Y por eso han comenzado su deslegitimación política.

“Es una anomalía democrática que el PP pueda controlar el 60 por ciento del Senado con sólo el 30 por ciento de los votos”, ha afirmado el número 2 de Podemos, Pablo Echenique.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha excluido al Senado como Cámara de representación de la voluntad popular. Olvidando que la soberanía nacional reside en las Cortes Generales (compuestas por el Congreso y el Senado), Lastra ha afirmado en una entrevista en La Sexta: «Es antidemocrático que el Senado tenga poder de veto sobre una decisión que ha tomado el Congreso, que es donde reside la soberanía nacional»