PSOE y Podemos vetan oír a los letrados del Congreso sobre el asalto de Sánchez a la Justicia

El Partido Popular ha cargado duramente contra la decisión de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de aprobar a puerta cerrada en el Congreso este lunes que se proceda a la reforma de la misma e incluirla en la ley que suprime el delito de sedición y de no oír las consideraciones de los letrados de la Cámara baja sobre el asalto de Pedro Sánchez y los suyos a la Justicia.

El PP ha pedido esta tarde que no se admitieran «las enmiendas inconstitucionales» de las tres formaciones, que lo han rechazado en la mesa de la comisión de Justicia y no han permitido que los letrados de la comisión se pronunciaran al respecto.

El grupo socialista y ERC han llegado a un acuerdo que rebaja las penas del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, que estará castigado con un máximo de cuatro años prisión frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado.

Según el texto pactado entre los de Pedro Sánchez y sus socios  para el artículo 432, la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie, o permita que un tercero se apropie, de patrimonio público que tenga a su cargo será castigado con entre 2 y 6 años de cárcel, pena que subirá de 4 a 8 años en su tipo agravado.

Se trata de una redacción similar a la que fija el actual Código Penal para toda la malversación, suponga o no un enriquecimiento personal.

Sin embargo, el artículo 433 incluye otra nueva modalidad de malversación y castigará a quien dé al patrimonio público que administre «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado», conducta que estará castigada con cárcel de 1 a 4 años e inhabiliación de 2 a 6 años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado».

Desórdenes público

Otras de las enmiendas que se han incluido en la reforma del Código Penal y que ha sido apoyada por ERC tras haber sido negociada entre PSOE y Unidas Podemos se refiere a la definición del tipo básico de desórdenes públicos para que en el caso de la ocupación de instalaciones (como puede ser una oficina bancaria) sea necesario que «se altere gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en estos sitios».

El objetivos, según los grupos proponentes, es añadir condicionantes que restrinjan el castigo de una ocupación como desórdenes públicos.

Para evitar la criminalización de manifestaciones y protestas pacíficas, se ha incluido también en el texto la enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos que exige que en los desórdenes públicos haya una actuación en grupo, finalidad de atentar contra la paz pública y violencia o intimidación.