Expediente al PSOE por eliminar de su canal interno las denuncias por acoso sexual contra Salazar

La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha admitido a trámite y remitido al Departamento de Sanciones una denuncia contra el PSOE por presuntas irregularidades en la gestión de su canal interno de información. El organismo investigará si el sistema habilitado por el PSOE cumple con las garantías exigidas por la Ley aprobada en 2023 para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tras detectarse posibles anomalías en el tratamiento de comunicaciones relacionadas con casos de acoso sexual atribuidos a Francisco Salazar, ex director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez.

La decisión, fechada este lunes y firmada por Manuel García Prieto, director del Departamento de Protección del Informante, se ha adoptado después de que el 8 de diciembre llegara al canal externo de la Autoridad una denuncia formal presentada por un procurador de tribunales.

En su escrito, se denunciaba «un posible funcionamiento inoperante del Sistema interno de información (canal interno de denuncias) del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con incidencia en la integridad, custodia, trazabilidad y seguimiento de comunicaciones internas».

El expediente recoge que se han publicado en prensa la presentación de al menos cuatro denuncias internas a través del canal del PSOE. Estas comunicaciones versaban sobre «presuntos hechos de acoso sexual a personas del ámbito laboral del PSOE y atribuidos a determinados cargos del partido político citado», en concreto a Francisco Salazar.

Denuncias desaparecidas

La controversia se ha desatado cuando, al consultar posteriormente el Sistema Interno de Información, no aparecía ninguna comunicación registrada. El sistema mostraba el mensaje No ha presentado ninguna documentación, a pesar de haber generado previamente un registro de entrada con su correspondiente «alta de comunicación» y estados iniciales.

Según consta en el documento oficial, se han aportado capturas de pantalla del propio buzón interno en las que aparecen mensajes contradictorios: «consta registro» y «no existe comunicación». La denuncia señala que esta secuencia «acredita los hechos que no han sido desmentidos».

El PSOE ha reconocido públicamente «un fallo informático» en la gestión del canal interno. Concretamente, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en Valencia, admitió el 4 de diciembre los «fallos» en la gestión de las denuncias contra Salazar y pidió «calma».

Sin embargo, la denuncia recoge un elemento adicional que ha sido objeto de escrutinio por parte de esta nueva autoridad estatal y oficial. El 2 de diciembre, el PSOE reunió de urgencia a los responsables de Igualdad de la ejecutiva federal y de las direcciones territoriales. En esa reunión telemática, según consta en el expediente, «se produjo un debate interno sobre la eventual puesta en conocimiento de Fiscalía del contenido de las denuncias por la gravedad de los hechos, mediante una reunión interna dirigida por Pilar Bernabé».

En dicha reunión, Bernabé «impuso una posición de no remitir la información a Fiscalía y que debía guardarse silencio». Este aspecto resulta especialmente relevante porque la Ley de 2023 establece la obligación de remisión inmediata al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito.

Cronología de hechos

Salazar fue nombrado director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez el 21 de enero de 2020. Anteriormente, había sido alcalde de Montellano (Sevilla) entre 2003 y 2008 y diputado en el Congreso desde 2019 a 2023.

El 4 de julio de 2025 renunció a sus cargos en el PSOE y Moncloa tras publicarse por varios medios acusaciones de «comportamientos inadecuados» de trabajadoras y militantes socialistas. Salazar renunció, pero defendía su inocencia.

Al día siguiente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, salió en su defensa: «Hablo de mi propia experiencia, me ha parecido siempre un compañero absolutamente íntegro». Posteriormente, tras la presión mediática, Alegría rectificó y calificó de «necesario» el paso atrás dado por Salazar.

El BOE publicó su cese el 9 de julio de 2025. Meses antes, además, un juzgado de Dos Hermanas abrió diligencias contra Salazar por cobrar del Ayuntamiento sin ir a trabajar entre 2012 y 2017.

El caso estalló definitivamente el 1 de diciembre cuando eldiario.es publicó que el PSOE había «cortocircuitado» la investigación y que habían desaparecido las denuncias. El 7 de diciembre, Pedro Sánchez acordó el cese de Antonio Hernández, identificado como «mano derecha» de Salazar en Moncloa y mencionado en las denuncias. El Gobierno formalizó el cese en el Consejo de Ministros del 9 de diciembre.

La formación política está obligada por imperativo legal a disponer de un Sistema Interno de Información que garantice el anonimato y la protección de los denunciantes.

Como sujetos obligados del sector privado que gestionan fondos públicos, los partidos deben contar con un canal interno que cumpla estrictos requisitos de confidencialidad, trazabilidad y respuesta en plazos determinados.

La denuncia de un particular consultada por OKDIARIO detalla exhaustivamente las posibles infracciones. Entre ellas, el «incumplimiento de las obligaciones mínimas del Sistema interno de información», especialmente si el canal no garantiza acuse de recibo en siete días, trazabilidad y posibilidad de mantener comunicación, respuesta en un plazo máximo de tres meses, y preservación de confidencialidad.

En este caso, la Autoridad ha realizado el análisis preliminar correspondiente. Tras examinar la documentación aportada, ha concluido que existen «conductas susceptibles de ser calificadas de infracción por la gestión del canal interno de información de la formación política».

Sanción millonaria

La decisión adoptada implica la remisión del expediente al Departamento de Seguimiento y Sanciones «al objeto de que inicie las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y, en su caso, proceder a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador».

La denuncia solicita específicamente que se requiera al PSOE -y, cuando proceda, a la empresa proveedora que opere técnicamente el canal- información exhaustiva sobre gobernanza, responsables del sistema, normativa interna, evidencia técnica y trazabilidad, etc. También pide «diligencias técnicas urgentes de preservación» para evitar pérdida o alteración de evidencia digital.

Las infracciones se clasifican en tres categorías. Las muy graves incluyen obstaculizar o frustrar el seguimiento de comunicaciones, vulnerar garantías de confidencialidad y anonimato, e incumplir la obligación de disponer de un Sistema interno en los términos exigidos. Las sanciones para personas jurídicas pueden alcanzar hasta un millón de euros en casos muy graves.

Además, para infracciones muy graves, la ley prevé medidas adicionales como amonestación pública, prohibición de subvenciones o beneficios fiscales, prohibición de contratar con el sector público y publicación en el BOE en determinados supuestos.