Un caos legal impidió deportar al marroquí con orden de expulsión que quemó viva a una menor

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• • 18/07/2025 05:48
  • Actualizado: 18/07/2025 11:02

El laberinto burocrático español impedía la deportación en menos de seis meses del marroquí con expediente de expulsión que ha quemado viva a una menor en Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico.

El detenido llegó en patera e indocumentado a principios de junio a la isla de Lanzarote y pese a tener abierto el procedimiento de expulsión, la falta de medios y un Reglamento de Extranjería absolutamente garantista con los infractores, según fuentes policiales, habría hecho prácticamente imposible la  devolución a su país de origen del agresor de la menor.

La ley explica que si un extranjero entra en España por un «puesto fronterizo no habilitado» ha de ser trasladado inmediatamente a una comisaría de la Policía Nacional donde se le incoa un expediente administrativo sancionador con multa económica o expulsión.

Primer paso para la expulsión

Los policías sólo podrían abrir expediente de expulsión al extranjero si existen «elementos objetivos» que apunten a la falta de voluntad del inmigrante para regresar a su país una vez que ha sido interceptado.

En el caso del detenido que quemó a la menor, un joven marroquí de 20 años, llegado en patera e indocumentado, se considera que su voluntad no era regresar a Marruecos. En consecuencia, la Policía le abrió un expediente de expulsión, sin que se pueda deportar de inmediato.

Segundo paso para la expulsión

El siguiente paso es solicitar la expulsión del inmigrante irregular a la autoridad gubernativa, en este caso a la Delegación del Gobierno correspondiente, tal y como ha ocurrido con el caso del arrestado que quemó a la menor.

El inmigrante no puede ser detenido bajo ningún concepto ya que no está cometiendo un delito. Entrar ilegalmente en España es una infracción administrativa.

Seis meses de plazo para expulsar

La Delegación del Gobierno dispone de seis meses para estudiar el caso y firmar un decreto de expulsión del inmigrante. En esa situación se hallaba ahora mismo el detenido que quemó a la menor en Canarias. Ingresado en un centro de atención a inmigrantes pero con libertad para salir o no regresar a dormir.

Pasados los seis meses de expediente, si la Delegación del Gobierno no decide, el inmigrante queda en libertad. Si la autoridad gubernativa decide decretar la expulsión del inmigrante irregular, tampoco podrá hacerse de inmediato. La Policía debe notificárselo antes de proceder a su detención e ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con la intención de deportarle.

Notificar antes de expulsar

¿Pero cómo va a conseguir notificarle el decreto de expulsión a un inmigrante que desde que llegó a España de forma irregular tiene libertad deambulatoria?, La respuesta, según fuentes policiales, es: «De ninguna manera, dan direcciones falsas o de ONG’s, o simplemente desaparecen».

«Meses después de que haya llegado a España de forma irregular, la única manera de conseguir expulsar a un extranjero legalmente, es detenerle casualmente por la calle, las redadas contra inmigrantes están prohibidas, y al identificarle descubrir que tiene pendiente una orden de expulsión», apuntan fuentes policiales.

Si su país no le acepta, nada que hacer

En el caso de que la Policía logre sorprender y detener en la vía pública a un inmigrante con orden de expulsión, tampoco puede deportarle de inmediato. Los agentes tienen un plazo de 72 horas, el tiempo que pueden mantener al detenido en comisaría, para conseguir que el país de origen del inmigrante les envíe un documento oficial del detenido con su foto, para identificarle de forma indubitada.

«Como los países de origen no suelen estar muy interesados en documentar a sus ciudadanos que han entrado ilegalmente en España, el plazo termina y entonces estamos obligados a ingresar al inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con la esperanza de que en 60 días el país de origen del inmigrante irregular se avenga a documentarle», explica la misma fuente policial.

Otros 90 días de plazo

Si en ese enésimo plazo de 60 días, el país de origen se interesa en identificar a su ciudadano ingresado en un centro de inmigrantes de España, tampoco se puede expulsar sin más al detenido.

En este momento, seis meses después de que el inmigrante fuera interceptado por ejemplo en una patera, el arrestado dispone de 15 días más antes de ser deportado si tiene dinero para costearse el viaje de vuelta. Si no tiene medios económicos se le dan 90 días más para conseguirlos. Si finalmente no se dan ninguna de las dos posibilidades, el Estado español sufragará los gastos.

¿Pero y si el país de origen sigue sin ayudar a devolver a ese inmigrante que lleva más de 90 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros?, «Pues se le deja en libertad de forma automática». Así termina en muchos casos el interminable laberinto legal español para controlar la inmigración irregular.