Salvador Illa ya es el candidato del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero pero no hay que olvidar que ha sido el máximo responsable de la gestión de la pandemia del coronavirus como ministro de Sanidad. Una gestión que ha dejado más de 85.000 muertos en España y por la que podría tener que responder ante la Justicia.
El ex ministro ha sido denunciado en varias ocasiones por su ineficacia al frente de la pandemia y hoy ha recibido la primera querella después de abandonar su cargo como ministro. La ha interpuesto la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Anvac) y también denuncia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
La querella la presentan contra Illa y Simón por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los trabajadores por su gestión de la pandemia de covid 19. Se trata de la primera acción penal que se presenta tras publicarse su cese del cargo este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La querella se presenta como acusación particular en representación de varias decenas de familias cuyos familiares se han visto afectados por el coronavirus, y según el abogado firmante de la misma, Pedro Tabares, no solo los hechos de la primera ola, que entienden muy graves «para muchos ciudadanos que fallecieron por la mala gestión en el primer trimestre de 2020″ sino por otros posteriores, como los referidos a decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad entre julio y septiembre pasados.
Una vez Illa ya no forma parte del Gobierno no es aforado ante el Tribunal Supremo -instancia ante la que ANVAC también presentó querella en su día, que fue rechazada-, por lo que entienden que la competencia ahora corresponde a los juzgados de Instrucción de Madrid. De admitirse, sin embargo, y adquirir el exministro la condición de diputado autonómico tras las próximas elecciones en Cataluña, el asunto deberá pasar al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) con sede en Barcelona.
Entre las diligencias urgentes al juzgado al que corresponda la causa, en el caso de que ésta sea admitida, Tabares ha destacado el aseguramiento de la documentación obrante en el Ministerio de Sanidad, en especial las comunicaciones entre Illa y otros responsables ministeriales, tales como el secretario de Estado de Sanidad y directores generales, cuya comparecencia se solicita además para que sean interrogados.»De momento, queremos que esta documentación se conserve hasta que el juzgado considere o no pertinente reclamarla», ha manifestado.
La querella, centrada en la gestión del Ministerio, busca conectar las decisiones de sus responsables con lo sufrido por personas concretas, cuya experiencia es la que ha sido aportada a la querella. No obstante, esperan ampliar adhesiones pues ANVAC cuenta con unos 3.500 asociados. El proceso, que requiere mucha documentación, es lento según reconoce el letrado.
Por su parte, Jaime Sánchez, presidente de ANVAC ha señalado a la puerta de los juzgados de Instrucción que «hoy es el día de hacer balance y rendir cuentas ante las víctimas». Entiende que se tiene que hacer justicia «porque se ha cometido una gestión irresponsable de inicio a fin».
Acompañado por una representación de familiares de víctimas del coronavirus, Sánchez ha añadido que «por desgracia las muertes se siguen produciendo, con la desagradable certeza de que hoy, en estos momentos más vidas se están consumiendo, por culpa de la incorrecta gestión de la pandemia, que desde sus inicios, por sus indecisiones y falta de criterio técnico han provocado las miles de muertes que tenemos a día de hoy».
Preguntado por la salida de Illa del ministerio y que lo haya hecho sin comparecer en el Congreso, Sánchez ha apuntado que ello abunda «en su falta de responsabilidad respecto al cargo que mantenía y que sus decisiones eran políticas sin tener en consideración criterios sanitarios».
