El PP registra su propuesta para suspender la financiación a partidos con condenados por rebelión

El PP ha registrado hoy en el Congreso su prometida propuesta legislativa para suspender o limitar la financiación a los partidos políticos que tengan entre sus filas a condenados por delitos como el de rebelión o sedición.

«Queremos que ni un euro público se destine a partidos con condenados por delitos contra la democracia», ha dicho en rueda de prensa Dolors Montserrat, portavoz del grupo, cuando ha presentado estas y otras iniciativas como otra destinada a «cerrar las falsas embajadas que hablan mal de España».

Dos iniciativas, ha recalcado, dirigidas a defender la «unidad de España y fortalecer las instituciones» en pleno desafío independentista catalán.

El PP propone por un lado una reforma de la ley de financiación de partidos para suspender temporalmente o limitar de forma parcial la financiación de formaciones que tengan dirigentes, cargos electos o afiliados con delitos tipificados en los títulos XXI a XXIV del Código Penal y si dichos partidos no los han expulsado.

Como apunta el PP en la exposición de motivos, esta iniciativa pretende servir de «claro incentivo» para que los partidos expulsen de su seno a quienes incurren en estas «conductas penalmente punidas».

Y se trata de «evitar que el erario público pueda ser fuente de financiación de tales conductas delictivas» por parte de personas que «se valen del paraguas constitucional de un partido político para actuar», añade el texto.

La reforma legislativa propone un mecanismo para que sea el Consejo de Ministros el que pueda suspender temporalmente o limitar la financiación de esas formaciones.

Se trata en definitiva, ha apuntado Dolors Montserrat, de «cerrar el grifo económico a las formaciones que mantengan en sus filas a condenados por delitos contra la democracia como la rebelión, sedición o la kale borroka».

La otra proposición de ley busca reformar la Ley de Acción Exterior en varios puntos para impedir lo que Montserrat ha llamado las «falsas embajadas», en alusión a las oficinas de acción exterior de las comunidades.

En esta propuesta de reforma, que cambiaría varios artículos, se busca «reforzar al máximo nivel la protección de los valores constitucionales» y el conocimiento de la propia Carta Magna.

También se busca garantizar que las actuaciones de estas oficinas no comporten «demérito o desprestigio de España como Estado social o democrático de Derecho».

Parte de los cambios propuestos tiene como objetivo cambiar una norma «hasta ahora basada en la confianza en que ningún actor autonómico» se «excedería» de sus competencias constitucionales o perjudicara el interés general de España con dicho demérito, como considera el PP que ha ocurrido con las oficinas catalanas.