España

El PP quiere ‘retratar’ a Ciudadanos con mociones en los gobiernos locales y autonómicos

Con la vista puesta en las elecciones de 2019, el Gobierno, a través de los distintos grupos territoriales del PP, ha iniciado la ofensiva contra Ciudadanos en el ámbito municipal y autonómico. Los ‘populares’ llevan semanas impulsando distintas mociones con las que tratan de fijar su postura en asuntos de gran debate social y, al mismo tiempo, obligar a los de Albert Rivera a tomar partido.

Con la iniciativa, el PP quiere destacar la evidente diferencia en el poder territorial sobre Ciudadanos, un partido que adolece de momento de una estructura potente. Los de Rivera cuentan con unos 1.500 concejales en toda España, los ‘populares’ controlan hasta 3.000 alcaldías. 

La última de estas mociones se refiere a la protección de las pensiones, el asunto que en la actualidad centra los ataques de la oposición al Gobierno.

En el texto, se insta a la Comisión del Pacto de Toledo «para que elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas Recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero».

Además, se pide al Gobierno que «siga trabajando con los Agentes Sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir, con el necesario consenso, los debates que está llevando a cabo».

«Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a implementar las Recomendaciones con el necesario concurso de los Agentes Sociales», concluye el texto.

Una petición que contrasta con la realidad de la Comisión del Pacto de Toledo, el órgano parlamentario encargado de analizar la sostenibilidad del actual sistema de pensiones y proponer recomendaciones. La comisión permanece bloqueada desde hace meses por las diferencias entre los grupos, lo que ha provocado que el informe de recomendaciones esté pendiente desde la primavera del año pasado. 

Otra moción, promovida en los últimos días, busca un compromiso concreto sobre la situación de la mujer, un asunto empleado en las últimas semanas por PSOE y Podemos para desgastar al Gobierno.

En ella, alcaldías, diputaciones, cabildos y demás órganos de poder, asumen, a iniciativa del PP, el compromiso «en la medida de las respectivas competencias» de «integrar de forma activa y transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo; erradicación de la violencia de género; educación; pensiones; salud; deporte; representación política y social; investigación, desarrollo e innovación; sociedad de la información; cultura; política exterior; cooperación al desarrollo y en el medio rural».

La moción se votará con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y tiene como objetivo, según fuentes ‘populares’, «defender la posición del Grupo Popular en relación con la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres».

La iniciativa tiene más relevancia que nunca para el PP, después de la polémica provocada por Mariano Rajoy cuando, en una entrevista en Onda Cero, afirmó que los salarios de la mujer «no son competencia» del Gobierno. «No nos metamos en eso», contestó a Carlos Alsina al preguntarle por la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito salarial.

El asunto se ha convertido en arma para la oposición que, la pasada semana, sacó adelante en el Congreso la iniciativa de Unidos Podemos para tramitar una ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. La proposición de ley contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, y entre otras medidas obliga a las empresas a hacer públicos los sueldos de sus empleados.

Los socialistas han presentado una iniciativa similar en la que  solicitan la misma medida y en la que, además, se sancionarán a las empresas con más de 25% de brecha salarial o que no dispongan de un plan salarial. Las empresas estarán obligadas a pasar por una auditoría para asegurar el cumplimiento de las políticas de género.

La guerra entre PP y Ciudadanos para hacerse con el espectro del centro-derecha se recrudece por momentos.

Este martes, el PP se sumó a los independentistas del PDeCAT para sacar adelante en el Congreso sus propuestas para exigir al Tribunal de Cuentas un examen especial sobre la contabilidad de Ciudadanos en 2015.

Según este informe, se habría producido un traspaso de fondos al partido desde los grupos institucionales de Ciudadanos, y se citaba en concreto dos partidas: una de 860.444,93 euros «en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo» en 2014; y otra de 1.166.480 euros en concepto de «gastos por disposición de bienes» de 2015.