El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige una reforma de la Alta Inspección educativa para que pueda verificar que los libros de texto son adecuados conforme a las enseñanzas comunes y que, además, se impartan de acuerdo a la ley. El Partido Popular ha propuesto también dotar a este organismo de capacidad sancionadora a quien no cumpla con la legislación.
La iniciativa, que plantea promover las reformas legislativas que sean necesarias, reclama garantizar la «neutralidad política e ideológica» de los centros docentes para «preservarlos como lugares libres de adoctrinamiento», explica el grupo popular en un comunicado.
Se trata de instar al Gobierno a que aborde las reformas legales precisas para «impedir la fractura del sistema educativo» mediante una Alta Inspección facultada para «comprobar que los libros de texto y otros materiales didácticos se adecuan a las enseñanzas comunes».
También quiere que pueda comprobar que los estudios cursados «son acordes a lo establecido en la legislación del Estado» y a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio nacional.
Propone igualmente el PP que la Alta Inspección esté dotada de capacidad sancionadora en caso de vulneración del ordenamiento jurídico-constitucional y que pueda realizar inspecciones en todo el territorio nacional.
Todo ello porque las «discrepancias promovidas por algunas comunidades autónomas» en los contenidos de las enseñanzas comunes y en la propia ordenación académica, así como la «introducción en el sistema educativo de elementos contrarios a los principios y valores garantizados por la Constitución» exigen una «respuesta proporcionada que garantice la vertebración y cohesión de España».
El grupo popular hace hincapié en que el fallido pacto de Estado por la Educación «hubiera sido el marco más adecuado para resolver estos problemas» pero apunta que «dada la urgencia» para responder a la situación ha optado por una iniciativa parlamentaria para exigir que la Alta Inspección «pueda actuar de forma rápida y eficaz» ante la «violación» de las libertades constitucionales cometida.
