El PP exige al Gobierno que explique los fallos de las pulseras antimaltrato desvelados por OKDIARIO
El Grupo Popular en el Congreso exigirá explicaciones al Gobierno de Sánchez por los fallos registrados en el sistema de pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. OKDIARIO ha desvelado en exclusiva que tras el cambio de proveedor que debe vigilar y velar por la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, la base de datos del servicio está desierta. En concreto, no recoge información sobre todas las órdenes dictadas antes del 20 de marzo de 2024.
A través de una batería de preguntas registradas ya en el Congreso para su respuesta por escrito, el grupo que pilota Ester Muñoz quiere saber si desde el ministerio que dirige Ana Redondo se ha identificado a los responsables. También desde cuándo conocían el reporte de errores así como cuáles han sido las causas técnicas y administrativas que han provocado la total pérdida de información que afecta a miles de mujeres en España.
Según su escrito, el PP acredita que se «ha dado lugar a una grave situación» al dejar, desde el Ejecutivo central a través del centro Cometa, sin protección a las víctimas de violencia de género. Tal y como acreditó este medio, se gestionan cerca de 5.000 dispositivos para un universo de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo. Hasta 60.000 de ellos requieren protección policial.
Sin embargo, es precisamente en el borrado de datos previo a marzo de 2024 -justo cuando se produce la migración de los dispositivos de seguimiento telemático- donde los de Feijóo ponen más énfasis en tanto que la situación ha llevado a que haya víctimas que han perdido juicios o que incluso, han decidido apagar sus dispositivos de manera voluntaria tras conocerse que había fallos. Y es que las pulseras telemáticas actuales, valoradas en menos de 150 euros frente a los 1.500 de las anteriores, impedían a las víctimas conocer la ubicación de sus agresores durante horas o días por fallos en el GPS.
«¿Cómo piensa el Gobierno dar respuesta a las víctimas cuya protección legal y judicial se ha visto comprometida?», cuestionan al Ejecutivo de Sánchez. Y es que, para el PP el escándalo evidencia la existencia de «un grave déficit en la gestión, supervisión y exigencia de responsabilidades en un área especialmente sensible y trascendental para la vida y la seguridad de miles de mujeres».
Según los populares, el limbo jurídico del ministerio, a través del centro Cometa, «podría tener consecuencias directas y devastadoras tanto para la seguridad de las víctimas como para la persecución del delito». Ello, en tanto que «dificulta o imposibilita la prueba de quebrantamientos previos» pudiendo comprometer también la acción de la Justicia y dar lugar a «sentencias absolutorias por falta de pruebas».
El PP, a su vez, exige al Gobierno garantías de que estos mismos episodios no puedan cometerse en un futuro. A lo que, en la actualidad, se cuestionan cómo mientras continúa dicho vacío informativo para las mujeres que son o han sido víctimas de la violencia de género, cuáles son los protocoles específicos de protección urgente a los que pueden acogerse.
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