La propuesta de Vox, PP y C’s pide ilegalizar a partidos si utilizan la violencia, no por su ideología

El PP y Ciudadanos han explicado este viernes por qué apoyaron la moción de Vox en la Asamblea de Madrid instando al Gobierno a que promueva la ilegalización de «los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España». Y no les ha resultado muy difícil salir del cerco que la izquierda política y mediática ha creado sobre ellos por una decisión que no promueve la persecución política o ideológica, sino la de conductas que no están protegidas por la ley. Por eso la proposición aprobada se refiere a los partidos que «atentan», verbo que es el utilizado por la Ley de Partidos para abordar la ilegalización.

Que los partidos políticos puedan ser ilegalizados no es un tema tabú en nuestro orden constitucional. Dos artículos de la Ley de Partidos amparan la ilegalización de las formaciones políticas, siempre bajo unos requisitos muy estrictos. En el artículo 9 se especifican las conductas realizadas «de manera reiterada y grave» que permitirían declarar ilegal un partido cuya actividad «vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático».

¿Y cuáles son esas conductas? Pues, entre otras, «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos», así como «dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia».

Una descripción de fácil encaje con muchos de los sucesos que se vienen desarrollando en Cataluña desde que el Tribunal Supremo dictó su sentencia contra los golpistas, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la cabeza, que aún no ha realizado una condena explícita de la violencia desatada por los CDR.

El artículo 11 de la Ley de Partidos explica que quienes pueden instar la declaración de ilegalidad de un partido y su consecuente disolución son el Gobierno y el Ministerio Fiscal, y que el Congreso o el Senado podrán también instar al Ejecutivo a que solicite esta ilegalización, lo que le obligaría a formalizarla.

El PP ha recordado hoy que Pablo Casado ya había pedido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que se planteara estudiar la aplicación de la Ley de Partidos para atajar el conflicto en Cataluña. En concreto, en la reunión que ambos celebraron el pasado 16 de octubre en el Palacio de La Moncloa, Casado propuso a Sánchez una serie de medidas que ya había lanzado con anterioridad, como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

En este paquete de medidas, el líder del PP incluyó la aplicación de la Ley de Partidos «si la violencia fuera grave e institucionalizada» para la «ilegalización de las organizaciones políticas que promuevan actos violentos o sabotajes graves».

Por su parte, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha vuelto a insistir en una postura ya conocida: «En España no se puede ser violento y recibir dinero público». Y ha recordado comportamientos como los de Arran y otras organizaciones separatistas.