El PP alerta del fraude en la regularización masiva de ilegales: «Beneficiará a 1,2 millones de personas»

• Beatriz Dávila @beoloborda
• Redactora de Nacional en OKDiario I PP I Congreso y Senado I beatriz.davila@okdiario.com I Ex de ElToroTv y esRadio
• • 21/02/2026 11:17
  • Actualizado: 21/02/2026 11:17

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha alertado del fraude que supondrá la regularización masiva de ilegales propuesta por el Gobierno de Sánchez. Según la eurodiputada, datos oficiales de la Policía Nacional advierten de que la medida «beneficiará a 1,2 millones de personas».

«España está ante la mayor operación masiva de regularización de Europa», ha destacado la dirigente popular poniendo énfasis en que la nueva artimaña del Ejecutivo que, en origen, concedería a 500.000 personas la residencia de manera automática aun estando en situación irregular.

En este sentido, ha criticado que vaya a suponer un «nicho de fraude documental» habida cuenta de que para el Estado sea suficiente, para conceder esta residencia, «acreditar que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud».

Ezcurra ha destacado que organismos internacionales independientes elevan la cifra a 900.000 beneficiarios. La Policía Nacional, por su parte, ha destacado que la misma pueda llegar hasta 1,2 millones de personas. Es más, según un informe elaborado por la Comisaría general de Extranjería y Fronteras al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca la «vaguedad» de la concesión por que simple hecho de ser solicitantes de protección internacional.

También, apunta a que el hecho de «encontrarse en España» es «claramente insuficiente» puesto que permitiría beneficiarse de la medida del Gobierno a personas que ni vivan en España o que se hayan desplazado a otros países. Del mismo modo, alerta también de que esta regularización conllevaría la de los hijos menores o personas a cargo de los beneficiarios. Así, los hijos obtendrían una autorización de residencia por cinco años, para el adulto sería de un año.

La eurodiputada del PP, ha advertido incluso que la mera presentación de la solicitud conlleva, de otro modo, la suspensión automático de los procedimientos sancionadores y las órdenes de expulsión que haya sobre esas personas. «Quien está en proceso de retorno queda blindado sin resolución definitiva ni verificación completa. Ni siquiera se exige certificado de antecedentes penales, sustituido por una declaración responsable», ha subrayado.

Colapso de los servicios públicos

Para Ezcurra, también es irresponsable que ni se consulten bases de datos oficiales ni se exige contrato de trabajo, formación o aprendizaje del idioma a las personas que presenten su solicitud. «Es la primera regularización masiva en la historia de España que se hace completamente gratis, por real decreto y sin planificación ni presupuesto», ha esgrimido.

Con todo, la dirigente popular ha alertado también del impacto que esta medida puede tener en los servicios públicos. Según ha detallado, desde la entrada en vigor de la medida sanchista cientos de miles de personas podrán empadronarse, escolarizar a sus hijos, acudir a un centro de salud, inscribirse en el paro o solicitar cualquier tipo de prestación social.

Unos servicios, ha recordado, que ya de por sí están tensionados, «colapsados». «No será el Estado quien asuma el coste sino las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y no cuentan con financiación adicional», ha proseguido Ezcurra.