Policía y Guardia Civil exigen a Sánchez ser «profesión de riesgo» ante el aumento de las agresiones
Sánchez niega a los agentes ser profesión de riesgo mientras las agresiones a policías y guardias civiles aumentan un 28%


Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han mostrado muy preocupados por el aumento de las agresiones sufridas, un 28%, desde la llegada del líder socialista, Pedro Sánchez, al Gobierno, mientras el Presidente les niega ser profesión de riesgo.
El portavoz de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, ha señalado que estos hechos empiezan ya a ser una práctica habitual y que el número de nuevos atentados, agresiones y menosprecios a los agentes no paran de crecer.
«La pérdida del principio de autoridad es una realidad hoy en día, y estas cifras son el resultado de una peligrosa combinación de factores que han desencadenado en la falta de respeto de ciertas personas que ven la delincuencia como su modo de vida, mostrando un total desprecio hacia la vida de los agentes», ha explicado en declaraciones a OKDIARIO.
«Esta pérdida del principio de autoridad deriva de la impunidad que sienten los agresores, al verse en una mayoría de casos amparados por su superioridad numérica, la soledad de los agentes, la falta de medios apropiados y la tardanza de los refuerzos policiales unidos a una laxitud de las leyes vigentes», ha añadido.
Agredir a un agente «sale barato» según han referido los propios agresores en más de una ocasión a los propios guardias civiles. Por todo ello, esta asociación profesional de Guardias Civiles ha recordado que es necesario que, desde las Autoridades competentes, y especialmente desde el Ministerio del Interior, se declare de inmediato la profesión de riesgo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y asimismo se endurezcan las leyes para que agredir a un agente no sea nunca una opción.
A su vez, desde Independientes de la Guardia Civil, han instado al Gobierno a que aumente el número de agentes en las calles, principalmente en aquellas zonas más conflictivas y de mayor riesgo, para ofrecer una seguridad de calidad al conjunto de la ciudadanía.
«La Guardia Civil continúa en pleno 2025 con la misma estructura y despliegue territorial que hace 80 años. Es necesaria una reorganización acorde a la sociedad actual», han lamentado. «Es de vital importancia dotar de nuevos y mejores medios de autoprotección a los funcionarios policiales, como son las pistolas eléctricas Táser, mucho menos lesivas y suponen una alternativa perfecta al uso del arma de fuego ante agresiones graves», apuntan.
Una opinión compartida por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, que también llevan denunciando desde hace mucho tiempo el aumento de las agresiones a los agentes. Ibón Domínguez, portavoz de este sindicato, también ha remarcado que una de las causas principales de la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la pérdida del principio de autoridad.
«Desgraciadamente, vemos como desde el Gobierno y el Ministerio del Interior, lejos de reforzar jurídicamente y legislativamente a la Policía Nacional y Guardia Civil, están precisamente en lo contrario. Por ejemplo, pretendiendo derogar la Ley de Seguridad Ciudadana de la mano de Bildu». Y lamentan, al igual que la Guardia Civil, que no se reconozca su trabajo como profesión de riesgo, como sí lo hacen con policías autonómicos o locales.
Las agresiones aumentan un 28%
Las agresiones sufridas por policías y guardias civiles han aumentado un 28% desde la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo ha dado a conocer estos datos después de que el PP le hubiera interrogado sobre «el número de agresiones tanto físicas como verbales» sufridas por los agentes «desde el año 2019 hasta la actualidad». Es decir, desde el primer ejercicio completo del secretario general del PSOE en la Moncloa.
El primer año que Sánchez completó íntegramente como jefe del Ejecutivo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los Cuerpos de Policía Local, sufrieron 13.127 atentados contra la autoridad, agentes o funcionario público. Desde entonces, cada ejercicio ha ido subiendo este número, incluso en los años de pandemia del Covid. La cifra se encuentra, actualmente, en 16.878, es decir, un crecimiento del 28,57% en las denuncias anuales de este tipo de delitos.
Desde el ejecutivo central justifican que esas cifras se recogen «sin especificar» a qué cuerpo u organismo de la Administración pertenece el agente o funcionario objeto del hecho. «Por tanto, no pueden darse exactamente los datos relativos a agentes de la Benemérita que han sido agredidos», dicen en el escrito enviado en respuesta a la pregunta del PP.