El Poder Judicial convoca a Igualdad a una reunión para pedir explicaciones de la crisis de las pulseras
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género fija un pleno interinstitucional el 28 de octubre
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado al Ministerio de Igualdad a una reunión para pedir explicaciones sobre la crisis de las pulseras antimaltrato, dispositivos que dieron numerosos fallos y que provocaron absoluciones en los tribunales.
Según ha podido saber OKDIARIO, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género —presidido por Esther Erice y como vocal Esther Rojo— ha fijado un pleno interinstitucional el próximo 28 de octubre.
El orden del día de esta convocatoria no está cerrado, por lo que se podrían abordar más asuntos, pero la previsión es que el grueso de los temas a tratar sean las pulseras.
El Observatorio también ha puesto en marcha una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del pleno del Observatorio.
Tal y como establece el convenio firmado en el año 2002, a la convocatoria asistirán representantes ministeriales y las vocales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre otros.
Sin datos de las pulseras
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también pidió al CGPJ que informasen de todas las sentencias de absoluciones y sobreseimientos por el caso pulseras.
Fuentes del Consejo aseguran que los datos que trimestralmente ofrece el Observatorio proceden de los boletines de estadística judicial, que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y cuyo contenido es determinado por la Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
«Los boletines permiten ofrecer información sobre los procedimientos instruidos por los órganos judiciales con competencias en violencia de género —entre ellos los que se siguen por delitos de quebrantamiento de penas o de medidas cautelares— y sobre las formas de terminación de esos procedimientos: sentencia absolutoria o condenatoria, sobreseimiento, elevación al órgano competente… La información contenida en los boletines, sin embargo, no entra al detalle de la razón concreta por la que se ha abierto o puesto fin a cada procedimiento», detallan las mencionadas fuentes.
De este modo, por el momento, esta es la información que manejan en el CGPJ y no se ha dado una respuesta concreta a la ministra Redondo, que minimizó los fallos en las pulseras, pese a que el Poder Judicial alertó en diversas ocasiones a Igualdad.
La encuesta del CGPJ
El Observatorio del CGPJ realizó una encuesta que reveló serias deficiencias en el sistema de dispositivos telemáticos utilizados para controlar las órdenes de alejamiento. Los resultados sobre las pulseras contradijeron, una vez más, las declaraciones de Ana Redondo.
Según el estudio, el 69,4% de los jueces consultados manifestó su descontento con los procedimientos de comunicación y resolución de incidencias relacionados con estos dispositivos.
La encuesta, que fue respondida por aproximadamente la mitad de los 477 juzgados especializados en violencia contra la mujer, se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2025.
El informe, presentado el 9 de julio de este año ante el Pleno del CGPJ, evidenció «carencias muy extendidas» e «importantes diferencias» territoriales en el funcionamiento de estos órganos judiciales. Los dispositivos electrónicos obtuvieron una valoración particularmente baja, con apenas 2,2 puntos sobre 5.
Las disparidades regionales fueron notables: el País Vasco alcanzó la puntuación más alta con 2,9 puntos, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron la calificación más baja, con sólo 1,7 puntos. Esta heterogeneidad refleja una falta de uniformidad en la aplicación del sistema a nivel nacional.
Las quejas más recurrentes se referían a los retrasos en la instalación de los dispositivos. En el 39,1% de los casos, el tiempo de espera oscila entre tres y cinco horas. Más preocupante aún, en el 30% de las situaciones, la demora supera las cinco horas de espera.
Estos tiempos contrastan significativamente con las promesas del Gobierno de que se instalaban de forma rápida y eficiente.
La morosidad en la implementación de estos dispositivos de seguridad supuso un riesgo en la protección de las víctimas de violencia de género, cuestionando la efectividad del sistema actual y la necesidad urgente de reformas que garanticen una respuesta inmediata y coordinada en todo el territorio nacional.
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