Podemos propone que los menores elijan sexo: «Masculino, femenino o no binario»

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Declaraciones de Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

Unidos Podemos ha pedido este viernes que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.

El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado hoy en el Congreso la primera proposición de ley integral de transexualidad, en la que prevé esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario.

Y, en ningún caso, el ejercicio de este derecho, tampoco en los adultos, deberá estar condicionado a la previa exhibición de un informe médico o psicológico o haberse sometido a procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.

Con esta propuesta, todos los menores de 18 años tendrán que tener garantizadas la protección y atención «necesarias para promover su desarrollo integral», y pasarán a considerarse en situación de riesgo aquellos a los que sus progenitores o quienes ejerzan su patria potestad no respeten su identidad sexual.

Una ley que llega tarde, según Montero

Por otra parte, plantea que el Sistema Nacional de Salud cubra los tratamientos hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, las intervenciones quirúrgicas y postquirúrgicas, la «adecuación corporal y facial según las expectativas individuales», el material protésico y el acceso a la reproducción asistida.

Asimismo, propone que los transexuales migrantes que sufran persecución por este motivo se les conceda el asilo, garantizándoles la libre determinación de su identidad sexual y expresión de género «independientemente de la situación políticoadministrativa en la que se encuentren» y sin exigirles, en ningún caso, pruebas que atenten contra sus derechos fundamentales.

Entre otras medidas, incluye además la de conceder asistencia jurídica gratuita a todos aquellos que hayan sido víctimas de agresiones, maltratos o violencia por su condición.

«Hace muchos años que debería haber sido presentada esta ley», ha recalcado en declaraciones a los periodistas la portavoz del grupo, Irene Montero, quien cree que con este texto se garantizarán los derechos de un grupo que «ha sufrido siglos de marginación, discriminación y patologización» y con el que dejarán de ser tratados como «personas enfermas».

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