Podemos se inventó que en España se desnuda a los menas para conocer su edad

Podemos se arroga la prohibición de los desnudos integrales y pruebas ginecológicas para determinar si un menor inmigrante sin documentación es realmente menor o mayor de edad. Sin embargo, ninguna de las pruebas utilizadas en España contempla ese tipo de métodos, como figura en toda la documentación oficial que regulaba este tipo de procedimientos. El Gobierno ha aprobado una nueva normativa que proscribe ese tipo pruebas.

«Hasta ahora, los niños/as que migran solos se han enfrentado a desnudos integrales y pruebas invasivas para determinar su edad. Hoy en el #CMin aprobamos el procedimiento judicial que las prohíbe, como dice la Ley Rhodes», aseguraba la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, responsable de las competencias sobre infancia.

Así figura, por ejemplo, en el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados de 2014, en el que se contempla el tipo de pruebas a efectuar. En ningún momento se describen desnudos.

«Corresponde a los facultativos médicos según las leyes de su ciencia, determinar las pruebas adecuadas y suficientes para eliminar la inseguridad sobre la minoría de edad del extranjero afectado. Se recomienda seguir los parámetros y pautas de actuación fijadas en las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA».

«Cualesquiera que sean las pruebas practicadas tendentes a determinar el grado de maduración ósea o dental (prueba radiológica del carpo izquierdo de la muñeca y examen de la dentición, en particular del tercer molar, por medio de una ortopantomografía, radiografía de la clavícula para la cuantificación de los cambios de osificación), será preceptivo el previo examen físico y personal del interesado», describe el informe.

Es resumen, los test médicos a los que son sometidos los inmigrantes sobre los que existen dudas de su mayoría de edad van dirigidos a la muñeca, el tercer molar o la clavícula. Zonas de mayor efectividad para determinar la edad.

Además, el protocolo, recogido en el BOE, incluye todo tipo de garantías de derechos para los derechos de las personas que sean sometidas a estas pruebas.  Establece, por ejemplo, que esas pruebas deberán contar con el consentimiento de la persona, que será trasladada a un centro hospitalario en un vehículo de Policía o Guardia Civil pero sin ningún identificativo. Además, los agentes deberán ir de paisano.

Defensor del Pueblo y Supremo

También apunta a estas técnicas un informe sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo en la identificación, que además recuerda todos los límites legales que rodean a estas pruebas. Ni rastro de menciones a desnudos u otras prácticas invasivas.

El Defensor del Pueblo también reconoce en un informe de 2011, posterior a una profunda investigación sobre los métodos utilizados en estas identificaciones, que el protocolo no incluye ningún tipo de desnudo.

«En caso de duda, por ejemplo, cuando no se presenta ningún documento de identidad, se podrá determinar la edad mediante la denominada «prueba triple», que consiste en el examen clínico, por parte de un odontólogo experimentado, y en una exploración radiológica del estado de la dentición, de la muñeca de la mano no dominante y de los extremos mediales de ambas clavículas. La realización de pruebas psicoafectivas (test de personalidad y de inteligencia), aunque está prevista en la legislación, no se aplica aún por motivos de fiabilidad», explica el informe.

La nueva ley

Sin embargo, el Gobierno ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que recoge un nuevo procedimiento de determinación de edad de los menores inmigrantes. Las nuevas normas regulan los métodos para establecer la edad que tiene una persona que llega a España sin documentos oficiales -pasaporte-, y así poder ser catalogado en el tipo de circuito al que accederá en caso de ser mayor o menor de edad no acompañado (menas).

La nueva ley ha sido impulsada por el Ministerio del Interior que dirige Pilar Llop, que ha explicado que el objetivo es «regular de forma completa» el procedimiento de determinación de la edad de naturaleza judicial «con pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad y con todas las garantías legales».

Este nuevo procedimiento se aplicará cuando los inmigrantes no tengan documentación y no sea posible establecer su edad por otros medios. Y no está exento de polémica. Y es que se «regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad durante todo el procedimiento y el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento».