Podemos criticó al PSOE en el Congreso por la «tentación» de los Gobiernos de indultar «a sus partidarios»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 11/06/2021 06:49
  • Actualizado: 11/06/2021 08:00

Podemos quiere que los indultos a los condenados del procés lleguen cuanto antes y nunca se ha ocultado como el gran defensor de la medida de gracia para los separatistas. El partido reivindica que «el tiempo de los jueces» como «guionistas de la política» ha «terminado y que ahora es turno del Ejecutivo. Una afirmación que contrasta con las críticas que, en 2018, expresaba la formación a través de sus enmiendas a la propuesta de reforma del PSOE a la Ley del Indulto.

Aquella reforma de los socialistas -que decayó con el fin de la legislatura- pretendía prohibir los indultos a políticos condenados por corrupción -precisamente, cuatro de los líderes independentistas del 1-0 están condenados por malversación de fondos públicos- y por violencia de género.

Pero Podemos enmendó la propuesta porque, en su opinión, no quedaba justificada la prohibición del indulto a determinados delitos. «Si se trata de un ‘derecho’ que se otorga de hecho al Gobierno con el fin de que remita total o parcialmente la pena o penas en atención a razones de justicia, equidad o necesidad pública (es indiferente que añadamos ‘la debida reinserción’), no se entiende por qué estas razones no pueden estar presentes en cualquier clase de delitos», sostiene el partido en una de las enmiendas presentadas.

En su justificación, añade una crítica velada a los gobiernos de ‘populares’ y socialistas. «Esta exclusión parece estar más en función, más que de otras consideraciones, de la sospecha de incapacidad del Gobierno de turno para sustraerse a la tentación de favorecer a sus partidarios. De hecho, a esta idea parece que responde la limitación del art. 102.3 CE, que prohíbe el indulto al presidente o los miembros del Gobierno», se asevera desde Podemos.

«Desde esta perspectiva se podría justificar la exclusión del indulto de los delitos relativos a la corrupción -si bien habría de ser con una definición
más rigurosa y justificada- a que se refiere la propuesta de reforma, pero no parece que sea el caso de la violencia de género, que parece que se sustenta en mayor medida en la idea de prevención general positiva y negativa o, incluso, de prevención especial negativa. Camino por el que se abre la puerta, sin duda peligrosa, a la exclusión del indulto a cualquier clase de delitos que ‘estén en el candelero’», prosigue el partido.

En ese caso, se preguntan desde Podemos: «¿Por qué excluir estos y no otros: ¿terrorismo (con toda la variedad tipológica y de gravedad que contiene el concepto), contra la libertad sexual, contra los extranjeros, de trata de seres humanos, etc.? El listado podría hacerse interminable hasta excluir completamente la posibilidad del indulto».

Control «estrecho» del Congreso

En otra de las enmiendas, Podemos insiste en un mayor control al Gobierno por parte del Congreso de los Diputados en la concesión de los indultos.

En su justificación, el partido destaca que «el indulto tiene que ser algo excepcional» porque «supone un quebranto del principio de separación de poderes» y «una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, ya que priva de efectos a una resolución condenatoria firme de un órgano jurisdiccional y afecta de forma más o menos directa a los principios de legalidad y de igualdad».

Podemos defiende en esa enmienda que «la política de indultos debe ser estrechamente controlada por el Parlamento».

«La real gana»

Como reveló OKDIARIO, en la propuesta de reforma de la Ley del Indulto, los socialistas criticaban la concesión «arbitraria» de la medida de gracia y el escaso control sobre los poderes públicos. El partido de Pedro Sánchez, entonces en la oposición,  venía a lamentar que los tribunales -en el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Supremo- apenas tuviesen margen para impedirlos.

«La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado una línea jurisprudencial reiterada conforme a la cual el ejercicio del derecho de gracia a través del indulto se configura como un acto ciertamente controlable en vía jurisdiccional», se lee en la exposición de motivos, pero «exclusivamente en lo que a los aspectos formales de su elaboración y tramitación se refiere y, en concreto, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos aunque no resulten vinculantes».

Los socialistas, al igual que Podemos, opinaban entonces que el indulto «es y debe ser un recurso excepcional», que sólo sería «democráticamente asumible» cuando concurriesen «razones de justicia, equidad o utilidad pública» pero también tuviese incidencia en la «reinserción social del condenado».

En la defensa de la iniciativa, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lamentó la modificación de la Ley introducida en 1988, que suprimió la obligación de los poderes públicos de motivar la concesión del indulto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ello, se quejó Campo, «se volvía a las maneras propias de los tiempos de la real gana».