Peinado envía a la Fiscalía Europea los informes que cuestionan los contratos al empresario amigo de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha remitido a la Fiscalía Europea los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las adjudicaciones de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

La providencia, dictada este lunes y consultada por OKDIARIO, llega apenas dos días después de que el magistrado procesara a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

La decisión responde a un exhorto remitido por la Fiscalía Europea en el marco de su procedimiento FEU 28/2024, que investiga desde hace casi dos años si los contratos adjudicados a las empresas de Barrabés a través de la entidad pública Red.es se financiaron con fondos de la Unión Europea.

Contratos de Red.es

El informe de la UCO, fechado el 14 de mayo de 2024, analizó la adjudicación de tres contratos de Red.es a Innova Next, empresa de Barrabés, o a la UTE en la que participaba. La Guardia Civil concluyó que las candidaturas del empresario obtuvieron «la mejor puntuación» en los criterios dependientes de juicio de valor. Sin embargo, el mismo informe sostuvo que, «en líneas generales», no había «elementos diferenciadores que apunten a que los tres expedientes analizados (…) se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares».

El informe de la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda y fechado el 30 de mayo de 2025, señaló algunas anomalías en los contratos públicos adjudicados a Innova Next. También identificó irregularidades en adjudicaciones del Consejo Superior de Deportes y del Ayuntamiento de Madrid, bajo los gobiernos de Ahora Madrid, primero, y el PP, después.

Junto a esos documentos, el magistrado ha adjuntado igualmente copia del auto del 11 de abril de 2026, en el que acordó «la continuación del presente procedimiento por los trámites del Tribunal del Jurado» y en el que procesó formalmente a Begoña Gómez, a Barrabés y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

La providencia, firmada electrónicamente por Peinado desde la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid —Plaza número 41, en la Plaza de Castilla de Madrid—, indica que la remisión se hace «de conformidad con la Ley de la Fiscalía Europea». Los investigados disponen de un plazo de tres días para interponer recurso de reforma.

Antecedentes del caso

Las dos cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó en favor de las empresas de Barrabés han sido el núcleo del caso desde que el juez Peinado abrió la investigación hace más de dos años. Barrabés adjuntó esas cartas en su candidatura a varios concursos públicos convocados por Red.es, entidad pública dependiente del Ministerio de Transformación Digital.

En junio de 2024, la Fiscalía Europea asumió la competencia para investigar estos hechos al entender que podrían haberse visto afectados fondos comunitarios. Desde entonces, el organismo europeo ha seguido su propia línea de investigación, paralela a la del juez Peinado.

A finales de marzo de 2026, la defensa de Begoña Gómez, liderada por el abogado y ex ministro socialista Antonio Camacho, reveló en un escrito que la esposa del presidente había sido citada por la Fiscalía Europea en calidad de testigo. La defensa no ha revelado la fecha concreta de esa comparecencia.

Fiscalía Europea

Peinado sostiene que la investigada utilizó su estatus de «esposa de» desde su llegada a la Moncloa para «influir» y obtener beneficios económicos. La causa seguirá los trámites del Tribunal del Jurado, lo que significa que, si llega a juicio oral, será un jurado popular y no un tribunal profesional quien decida sobre su culpabilidad.

Entre los hechos que Peinado pretende llevar a juicio figuran contratos adjudicados a Innova Next en los que no estaban implicados fondos europeos, lo que mantiene viva la investigación española con independencia del resultado de la europea.

La simultaneidad de dos investigaciones —la española y la de la Fiscalía Europea— sobre los mismos hechos y los mismos protagonistas convierte este caso en uno de los más complejos de la reciente historia judicial española. La remisión de los informes de la UCO y la IGAE a la Fiscalía comunitaria añade ahora una nueva dimensión supranacional a un asunto que comenzó con dos cartas en un sobre y que, dos años después, mantiene a la esposa del presidente del Gobierno bajo el escrutinio público.