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A la vuelta de las vacaciones, en septiembre, la mayoría de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez recibirán en sus despachos a los consellers de Pere Aragonès. Tras la reunión de la comisión bilateral Estado – Generalitat, que este lunes se ha citado en Madrid, la voluntad del presidente es no perder ni un minuto para empezar a trabajar en la transferencia de alguna de las 56 competencias que exige el Govern.
Con la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de fondo -que debería producirse antes de finalizar el mes de septiembre- establecer ese marco de relación que otorgue garantías a JxCAT y ERC es primordial para que Sánchez pueda atar su apoyo a las cuentas. De ahí las prisas en poner en marcha los trabajos de estudio para ceder a la Generalitat todo lo que exige Aragonés.
Uno de los primeros encuentros será el que mantendrá el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con el consejero del ramo, Joan Ignasi Elena. Sobre la mesa está un aumento de la plantilla de los Mossos y la atribución paulatina de competencias, en detrimento de la Guardia Civil y la Policía en Cataluña. Aunque se trata de una reivindicación histórica del separatismo, fuentes cercanas al consejero catalán apuntan a OKDIARIO que “no se pedirá de forma inminente”.
Comisiones específicas
Además de las reuniones bilaterales entre ministros y consellers, también se pondrán en marcha de forma inminente dos comisiones de trabajo específicas para abordar algunas de las transferencias más complejas, que el Gobierno lleva semanas estudiando al detalle. En concreto, dichas comisiones trabajarán en asuntos relacionados con temas económicos y fiscales y con los transportes.
Además de los máximos responsables de cada ministerio afectado y sus respectivas consejerías, en ambos grupos de trabajo participarán técnicos y expertos que asesorarán a los políticos. Con este sistema, Sánchez pretende blindar de críticas las generosas concesiones que pretende conceder al separatismo, dotándolas de un marco de legalidad y consenso.
La comisión de asuntos económicos valorará la cesión de la recaudación de impuestos a la Generalitat, de la misma forma que los concedió hace unos días al Gobierno Vasco, y el pago de los 759 millones de la deuda a partir de la disposición adicional tercera. La de transportes, por su lado, analizará la viabilidad del traspaso de cercanías, el puerto y el aeropuerto de Barcelona a la Generalitat, reivindicaciones del Govern desde hace años y que, tal como avanzó OKDIARIO, Moncloa se abre a estudiar ahora.
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