Pedraz deja en libertad provisional al socio de Aldama investigado por el fraude del fuel

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado la libertad provisional del empresario Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama investigado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de la trama de los hidrocarburos. Tras más de dos meses en prisión preventiva sale de la cárcel con medidas cautelares.

Según el auto fechado este martes, consultado por OKDIARIO, la decisión se toma a petición de la Fiscalía, que considera que los motivos que justificaron su entrada en prisión el pasado 10 de octubre «se han cumplido, si no en su totalidad, sí en gran parte». Durante este tiempo, según señala el Ministerio Público, se han podido practicar importantes diligencias y avanzar en el análisis de las evidencias digitales intervenidas.

El juez ha impuesto a Rivas varias medidas cautelares: la prohibición de salir del territorio nacional con entrega del pasaporte, la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y el deber de fijar un domicilio y facilitar un teléfono para estar localizable. El auto advierte que el incumplimiento de estas medidas podría llevar a decretar nuevamente su prisión provisional.

La Fiscalía argumenta en su escrito que, transcurridos más de dos meses, han quedado «muy disminuidos los riesgos que justificaron la adopción de la medida cautelar», especialmente en lo referente a la capacidad del investigado para obstaculizar la investigación. El Ministerio Público recuerda además la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el «plazo razonable» de la prisión provisional.

Rivas ingresó en prisión el pasado octubre en el marco de una investigación sobre una presunta trama empresarial dedicada al blanqueo de capitales, con posibles cuentas bancarias en el extranjero aún pendientes de analizar. La causa permanece bajo secreto de sumario.

La licencia de Sánchez

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgó en septiembre de 2022 una licencia como operador al por mayor de carburantes y combustibles a la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas y su familia, en sólo tres días, según documentación oficial. La compañía está actualmente bajo investigación por un presunto fraude de IVA de 182 millones de euros.

La resolución administrativa, desvelada por OKDIARIO, está firmada por el entonces director general de política energética y minas, Manuel García Hernández, y el subdirector general de hidrocarburos y nuevos combustibles, José Luis Pérez Cabo. Fue emitida el 9 de septiembre de 2022, apenas tres tres después de que la empresa presentara su solicitud.

Según las investigaciones, el estatus de operador permitía diferir los pagos del IVA hasta seis meses. La trama presuntamente aprovechaba este plazo para desviar los beneficios a través de sociedades en el extranjero a los tres meses, evadiendo así el pago de impuestos. Los investigadores han detectado que más de 70 millones de euros han acabado en cuentas extranjeras.

El empresario Claudio Rivas, vinculado a Villafuel, permaneció en prisión provisional por estos hechos junto a Víctor de Aldama con el que coincidió unas semanas. Antes de obtener la licencia, Rivas mantuvo reuniones con altos cargos del Ministerio de Industria, incluyendo al entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart.

La rapidez en la concesión de la licencia, que normalmente requiere varios meses de tramitación, ha llevado a los investigadores a examinar si se obviaron controles necesarios en el proceso. Por ejemplo, se analiza si Villafuel tenía los el dinero suficiente en sus cuentas para afrontar el negocio. A otras empresas se les exige y retiene varios millones de euros a modo de garantía, un dinero que presuntamente no tendría Villafuel. La Agencia Tributaria no comenzó a realizar requerimientos hasta bien entrado 2024, más de un año después de iniciarse las operaciones de la empresa.