El PdeCat, ERC, En Comú y Bildu piden la comparecencia urgente de Maza en el Congreso

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La portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia. (Foto: EFE)

El PdeCat, ERC, En Comú Podem y Bildu van a registrar esta tarde la petición de comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes que cedan espacios para el referéndum soberanista del 1 de octubre.

Fuentes del PdeCat han informado de que por el momento son esos cuatro partidos los que reclaman la comparecencia de Maza, aunque no descartan que se sumen más formaciones políticas.

Hoy mismo, el fiscal general del Estado ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

En un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, Maza pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

«Atentado a la libertad de expresión»

Los cuatro partidos citados reclaman la comparecencia de Maza en el Congreso para dar explicaciones sobre esta decisión.

Y también piden que el fiscal general informe en la Cámara baja de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía «que atentan contra la libertad de expresión».

En este último caso, los proponentes no detallan a qué asuntos se refieren, aunque la suspensión por parte de un juez de Madrid de la cesión de un espacio municipal para celebrar un acto de apoyo al referéndum ha recibido numerosas críticas, algunas de estos partidos, que lo consideran un atentado a la libertad de expresión.

Además, el oficio de Maza recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña “exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal” e insiste en que cualquier conducta de las “autoridades” que facilite el 1-O puede constituir delito.

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