Maza cita como imputados a todos los alcaldes del 1-O y ordena detenerlos si no se presentan

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum ilegal y, en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.

En un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, Maza pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquéllos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña «exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal» e insiste en que cualquier conducta de las «autoridades» que facilite el 1-O puede constituir delito.

Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal».

Los aforados, después

La Fiscalía pospondrá, eso sí, la citación de los alcaldes catalanes que tienen la condición de aforados por contar con un escaño en el Congreso o en el Parlament.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que en este momento se está estudiando la situación de los que gozan de fuero por su condición de parlamentarios y que finalmente se ha decidido que éstos sean citados los últimos.

Uno de los afectados es el diputado del PDeCAT en el Congreso y alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel, quien inicialmente debía ser uno de los primeros contra los que se iniciarían diligencias, puesto que su municipio es uno de los más poblados de su provincia. Sin embargo, su citación se retrasará, al igual que la de la quincena de primeros ediles que son a la vez diputados del Parlament.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bel ha comentado que se ha enterado por la prensa de la instrucción de Maza.

Los aforados no pueden ser investigados judicialmente sin que la Cámara en la que tienen escaño autorice esa investigación que, correspondería, en el caso de los diputados nacionales al Tribunal Supremo y en el de los autonómicos al Tribunal Superior de Justicia.

El diputado de PDeCAT no ha querido aclarar si tiene intención de comparecer ante el fiscal y ha apostado por una decisión unitaria de los 712 alcaldes a los que la Fiscalía quiere tomar declaración como imputados.

Eso sí, Bel ha dejado claro que no está en su ánimo «forzar ninguna situación» para poner en un brete ni a los Mossos ni a la Policía Local de su municipio, de la que, como alcalde, es el máximo responsable. «No voy a caer en la trampa de los que pretenden que esto genere problemas a los trabajadores públicos», ha afirmado.