El Parlament ha tenido más de un conflicto al mes con el TC en los apenas dos años de su XI Legislatura

El Parlament de Cataluña ha cerrado la XI legislatura con 25 conflictos abiertos y pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional (TC), 17 de ellos contra leyes catalanas, la mayoría impulsados por el Gobierno central.

Así figura en un informe recogido por Europa Press que aprobó la Mesa de la Diputación Permanente en su reunión del 15 de noviembre, la primera tras la disolución de la Cámara por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El informe es un balance de los trámites que han quedado pendientes esta legislatura y que deberán abordarse en la próxima que surgirá de los comicios autonómicos del 21 de diciembre.

De entre los 17 recursos presentados contra iniciativas catalanas, 13 los ha impulsado el Gobierno central, como a la ley de transitoriedad jurídica; la Agencia de Protección Social; el impuesto de bienes de lujo; varios artículos de la ley para afrontar la pobreza energética, y el artículo del reglamento del Parlament que facilita la lectura única.

A los 13 recursos de Rajoy se suman dos recursos más presentados ante el TC por el PP: uno contra algunos artículos de la Ley de educación y otro contra el Código de Consumo catalán.

Completan la lista de recursos presentados contra leyes del Parlament uno impulsado por la defensora del Pueblo y otro conjunto de C’s y el PP contra varios preceptos de los Presupuestos de la Generalitat de 2017, principalmente los destinados a favorecer la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

Otras carpetas abiertas

Entre las carpetas abiertas en el Tribunal Constitucional también figuran recursos a la inversa, es decir, iniciativas presentadas por la Cámara catalana contra leyes y decretos estatales, y también recursos contra decisiones tomadas por la Mesa de la Cámara.

Así, en la próxima legislatura se retomarán tres recursos presentados por el Parlament contra normas estatales —la Lomce, la regulación de las centrales nucleares y la ley de protección ciudadana—, tres recursos de amparo del PSC contra decisiones de la Mesa y una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley ferroviaria.

Prohibición de los ‘correbous’

El informe también recoge que hay cuatro leyes que se encontraban en fase de elaboración que deberán seguir tramitándose en la próxima legislatura: las cuatro son Iniciativas Legislativas Populares (ILP); el resto de normas en fase de tramitación, impulsadas por el Govern o por los grupos parlamentarios, decaen y deberán empezar de cero en el próximo mandato.

Las ILP que deberán retomarse obligatoriamente cuando empiece a caminar el nuevo Parlament son la proposición de ley de medidas urgentes para la vivienda; la proposición de ley electoral de Cataluña; la proposición de modificación de la ley de finanzas públicas de Cataluña, y la proposición de modificación de la ley de protección de los animales.

La más destacada es la última, ya que persigue la prohibición de los ‘correbous’ en Cataluña, una actividad que el Parlament protegió por ley en 2010 y que generó polémica porque lo hizo a los pocos meses de haber aprobado la prohibición de la corridas taurinas en todo el territorio.

Consejo de Garantías Estatutarias

El informe de la Mesa de la Diputación Permamente también arroja que la Cámara ha cerrado la legislatura dejando pendientes el nombramiento de 83 cargos que es responsabilidad del Parlament designar tras una negociación y acuerdo de los grupos parlamentarios.

Por ejemplo, la legislatura acaba sin que los partidos se hayan puesto de acuerdo en los tres nuevos miembros del Consejo de Garantías Estatutarias, ya que se necesita una mayoría cualificada que el desacuerdo entre independentistas y no independentistas ha impedido forjar.

También está pendiente el nombramiento de cuatro nuevos síndicos de la Sincatura de Cuentas de Catalunya; el nuevo director de la Agencia Catalana de Protección de Datos; un miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y el presidente del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Otro nombramiento pendiente destacado es el del presidente de la Agencia Catalana de Protección Social, una agencia creada por unas de las leyes conocidas conocidas como de ‘desconexión’ y que está impugnada ante el Tribunal Constitucional.