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Llarena ordena activar la Euroorden para detener a Puigdemont y sus 4 secuaces fugados

Pablo Llarena
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Carlos Cuesta

El juez Pablo Llarena activa la Euroorden. El Tribunal Supremo pide la detención internacional del ex presidente Carles Puigdemont y del resto de ex consejeros fugados en Bélgica y Escocia: Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

El juez Llarena cuenta con el respaldo de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox en esta petición y no ha querido esperar más. Y es que ya está dictado el auto de procesamiento y, además, la situación se ha agravado notablemente tras la última fuga: la de Marta Rovira, citada esta mañana con el objeto de revisar sus medidas cautelares y que, lejos de acatar la citación, se ha escapado a Suiza.

En el caso de Carles Puigdemont, se trata de la activación de la Euroorden de detención, un mecanismo más rápido que parte de la colaboración de los países receptores de la orden. En este caso Bélgica, un país que hasta ahora no ha sido un gran aliado pero que ahora deberá evaluar que ya se cuenta con el auto de procesamiento y evidencias insalvables que apuntan a la culpabilidad de Puigdemont.

En la misma situación se encuentran el resto de ex consejeros, como Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que se encuentra dando clases en una universidad en Escocia.

Llarena había explicado a lo largo de la instrucción su preferencia por no dictar la orden internacional de detención contra Puigdemont y los otros consellers huidos hasta no tener bien sustentadas las imputaciones y los indicios en un auto de procesamiento. Ese trámite ya se ha cumplido y el material probatorio es más que suficiente para tener la evidencia de que las acusaciones de rebelión, sedición y malversación se sustentan con absoluta claridad.

Por ello, el Tribunal Supremo ha decidido activar la Euroorden contra Puigdemont de forma inmediata. El Tribunal Supremo da por hecho que Bélgica tendrá mucho más difícil ahora negarse a un envío sin matices penales puesto que las evidencias de las pruebas acumuladas contra los dos imputados serán palpables.

En cualquiera de los casos, la Justicia española no quiere renunciar a la posibilidad de que sean juzgados ambos por rebelión y sedición. Y es que “no tendría ningún sentido aceptar un envío desde Bélgica con los tipos penales limitados a delitos menores porque, sobre todo en el caso de Puigdemont, llegaríamos al absurdo de que el director del golpe acabaría siendo juzgado por delitos menos graves que los que le seguían y acompañaban en el ilícito”, señala una fuente judicial conocedora del caso.

El Tribunal Supremo cuenta con el respaldo de la Fiscalía para exigir el traslado por la totalidad de los delitos de los que están acusados. Y ambos comparten que los tiempos no deben dilatarse para evitar una sensación de abandono injustificado.

Hasta el momento la Euroorden se había preferido limitar y retirar temporalmente para evitar precisamente ese envío parcial. Pese a ello, fuentes conocedoras del proceso no ocultan la crítica de la capa judicial por la sensación dejada en este punto por Europa, especialmente, tratándose de un asunto de gravedad máxima y de ataque a la Constitución de un Estado miembro. Y es que “resultará muy difícil explicar cuando pasen los años que unos imputados por delitos tan graves como de los que se habla en el 1-O hayan podido estar dentro del territorio comunitario protegidos frente a la acción de una Justicia, la española, digna del mejor nivel de protección de derechos de todo el mundo”.

Fuentes judiciales destacan que la acumulación de pruebas ha avanzado a un ritmo más que notable y que la argumentación de la Euroorden ha ido acompañada de una explicación de la contundencia del material acumulado y de las evidencias que apuntan a la culpabilidad de ambos líderes políticos. La labor se ha hecho, precisamente, para evitar problemas en la concesión de la Euroorden y la extradición.
 A partir de ahí y con ambos fugados en España, el juicio oral se podrá abrir de forma rápida y, por lo tanto, tener una sentencia a tiempo y evitar dilaciones indebidas.

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