Otro lío en Podemos: un juez decidirá si las primarias sin rivales que ganó Iglesias fueron legales

A Pablo Iglesias no le sonríe la fortuna. El líder de Podemos se enfrenta a otro escollo que puede hacer peligrar su puesto en el partido. A la vuelta del verano se enfrentará a un juez que decidirá si hay motivos suficientes para invalidarle, al menos temporalmente, como nº1 de la formación morada.

En diciembre del pasado año, un grupo de militantes críticos de Podemos, agrupados en el colectivo ‘Nuevo Impulso’, presentó una demanda de impugnación de las primarias en las que Pablo Iglesias fue elegido. ¿Los motivos? Una “flagrante vulneración de los derechos” de los inscritos del partido, que permitió que Iglesias fuese el único candidato, según recoge la demanda.

Los denunciantes creen que “no es de recibo que un partido como Podemos, nacido para combatir la vieja forma de hacer política y que pugna por los derechos y libertades de la ciudadanía (…) y que defiende a los de abajo frente a los de arriba, tenga un régimen electoral interno tan poco transparente”. De las 91 personas que se presentaron para optar al puesto, únicamente Iglesias consiguió el número de avales necesarios.

Los críticos afearon que el líder blindase su cargo imponiendo la necesidad de conseguir 1.000 avales en apenas cinco días, requisito que fue imposible de cumplir para el resto de candidatos.

La ex senadora por Tarragona Celia Cánovas y el consejero ciudadano de la formación morada en Castilla-La Mancha Fernando Barredo fueron dos de los militantes que impulsaron la demanda. A ellos se han ido uniendo varios miembros y ex miembros del partido.

El siguiente paso tendrá lugar en octubre, cuando el juez decida si acepta las cautelares solicitadas por los demandantes para suspender la efectividad de las primarias que revalidaron a Iglesias.

Esta decisión judicial puede complicar la vida a Podemos, especialmente si se convocasen elecciones para el mes de noviembre. La formación tendría apenas unas semanas para organizar unas nuevas primarias y cambiar el reglamento para mejorar la transparencia que se pide también como medida cautelar.

Un largo procedimiento

Los críticos de Podemos llevan esperando desde diciembre del año pasado que su demanda prospere, pero las circunstancias han provocado la demora del proceso.

La demanda fue interpuesta en Toledo, donde únicamente se encontraba disponible una fiscal. Además, se requería de la presencia de la Fiscalía, al incluir asuntos relacionados con los derechos fundamentales. El Ministerio Fiscal tiene la obligación de intervenir en defensa de la legalidad y del interés público o social en los procesos relativos al orden constitucional y los derechos fundamentales.

Además, la admisión tardó varios meses, por lo que el proceso se ha ido prolongando.